EL CRÉDITO Y EL CAMBIO

           No es peor el crédito financiero que el político. El primero se manifiesta en especie o en dinero, que el beneficiario se compromete a devolver en el plazo convenido con los intereses fijados en aquel. El crédito político se otorga por delegación de soberanía o poderes a una persona, agrupación o partido en quien confiamos y que pueden sumar o restar el crédito dado.

            El crédito financiero concluye sin más en el plazo de devolución firmado. No admite mora ni prórrogas; no tiene alma ni corazón, sino precio. Puede otorgarse con engaños, a sabiendas. Requiere confianza y solvencia en el deudor a cambio de la confianza del acreedor. Si vencido el crédito, no hubiere pago del principal y de los intereses, la confianza se pierde. No hay crédito ni renovación de aquella. Esta la pierde el deudor que hubiere devenido en desgracia, que puede perder hasta su hogar. De nada vale la dación en pago, que ni siquiera fuere suficiente, perdida la confianza.

            El crédito financiero requiere una solvencia económica como el político, una solvencia moral, o la capacidad de cumplir la obligación contraída. Se es solvente económicamente o no en el crédito financiero, mientras que, en la política, la solvencia requerida es más moral que económica. La política no exige solvencia económica ni intelectual ni demostración bastante para verificar las virtudes que hubiere de tener el político. Hay muchos políticos tan insolventes económicamente como intelectualmente. Se es político por elección, sin más; por amiguismo, por débitos de favores, por recompensa obligada. En la vida financiera, entendemos por crédito la confianza en la capacidad de cumplir, en la solvencia de un individuo para hacer frente al cumplimiento de la obligación contraída, quizá la misma que en la política, solo que en esta el plazo finaliza cada cuatro años, porque el elector no mira la letra pequeña de los que repiten, no por méritos propios, sino por deméritos ajenos, y no ven lo que tuvieren que ver en la lista, no solo en el programa.

            En política, el interés pudiere ser el cambio, en la imposibilidad de percibir el cumplimiento del préstamo. Perdida la confianza en los elegidos, el elector cambia el sentido de su voto, el gobierno mismo, ante la imposibilidad de creer lo que prometieron y no cumplieron, el ideal mismo de su filosofía política, que les convierte en eternos deudores de la confianza del pueblo. En política, la traición se paga con el cambio; pero, a veces, la insolvencia cultural de muchos no puede ni hacer frente a la solvencia política de quienes, considerándose compañeros, les auparon al poder. Perdida aquella, en retirada, ni se reconocen los servicios prestados, los favores realizados, ni la lealtad contraída, en la seguridad de que ni intereses debieren a quienes les promovieron y otorgaron el capelo de príncipes de la sociedad para servirla, no para servirse de ella. Son los insolventes económicos e intelectuales, arrimados al sol que más calienta, en familias afines, para tener un sillón en los que reposar sus caderas, a falta de cátedras que no lograren en la vida para mostrarnos un camino que no supieren a dónde nos conduce.

            En política hay más deudores que acreedores, solo que, a diferencia de la financiera, esta no admite más que el cambio de los traidores que no pagaron su deuda a crédito, a plazo. Ningún deudor se libra de la primera; otros muchos se van de rositas con su crédito político, sin pagar el coste del suyo, de la confianza otorgada y perdida. Y son más quienes, aun habiendo recibido una confianza de amistad, además del voto que les elevare a los altares, se olvidan muy pronto a quien nunca dejare en la estacada a los suyos. Y les reemplazan con otros servidores a cuál más insolvente, económica y culturalmente, sin crédito ni solvencia alguna, incumpliendo la letra grande y pequeña que juraren o prometieren cumplir, pero incumplieron, porque no hubieren el espíritu que les insuflaren sus electores, ni mucho menos sus padrinos políticos. Un día llegará en que todos pasarán a mejor vida porque su crédito hubiere concluido y no fuere satisfecho ni siquiera con la palabra del alma.



AQUEL 14-D DE 1988

           El 14 de diciembre de 1988 tenía lugar en España la cuarta y más famosa huelga general de la democracia española. Apoyada por todos los sindicatos, partidos de derecha y de extrema izquierda, fue considerada como la mayor protesta social desde la década de los 50. Aquella huelga, contra el plan de empleo juvenil del Gobierno de Felipe González, dio un giro radical a la política económica socialista, que disparó el déficit público, en plena fase expansiva de la economía, que crecía a ritmos superiores del 4 por ciento de media anual en el trienio 87-89.

            Las anteriores, del 77, 78 y 85, pasaron inadvertidas; pero esta del 88 se preveía histórica por el miedo que provocó en la sociedad española y las consecuencias que acarreó.

            La víspera de la huelga, como movidas por la memoria de las revoluciones, las amas de casa realizaron compras para una semana, desabasteciendo los pequeños comercios de entonces, que despacharon en una jornada lo que vendían durante ese periodo de tiempo.  Ellas mismas se recluyeron en casa junto a sus hijos, que no hubieren colegio al día siguiente. Se rumiaba el silencio, a la espera.

En las primeras horas de la noche previas a la huelga, los piquetes comenzaron su actuación. Algunos les hicieron frente, defendiendo sus negocios y el derecho al trabajo. En algún lugar del centro de Cáceres, algún guarda jurado, que acompañaba a los trabajadores, llegó a sacar una pistola, ante las voces y protestas escandalizadas de sindicalistas y miembros de los piquetes. A primera hora de la mañana, la lucha sindical principió en la apertura del polígono industrial y siguió con la apertura de los comercios. Tras una noche en vela, a mediodía del 14-D la calma parecía volver a la ciudad. Los piquetes se habían ido a descansar. Algunos bares abrieron tímidamente y, con las puertas casi cerradas, servían café a sus clientes, trabajadores que no hicieren uso del derecho a la huelga y sí al del trabajo.

            Aquella huelga fracturó a la familia socialista. UGT se divorció del PSOE. El entonces ministro de Trabajo del Gobierno socialista, Manuel Chaves, hubo de retirar el plan de empleo juvenil y la política económica dio un giro radical, que disparó el déficit público. Felipe estuvo a punto de dimitir. Un año después, el Gobierno socialista accedía a las demandas sindicales.

            Si el PSOE hubo de soportar cuatro huelgas generales, el PP tuvo la suya el 20 de junio de 2002 por el famoso “decretazo” contra la reforma del desempleo, que obligó a Aznar a echarla para atrás, como ocurriera en 1988.

            La anunciada  huelga del día 29 ya había sido prevista por Rajoy, a quien se le escapó, ante un inoportuno micrófono, la frase: “Esta reforma laboral me va a costar una huelga general.” Y así ha sido. Una cosa será la protesta o la mayor o menor incidencia del paro, que no genera empleo, y otra que se dé una vuelta de tuerca, como en las dos ocasiones anteriores, en el peor momento de crisis económica de nuestra historia, y porque la reforma ha sido escrita al dictado de los mercados y de los poderosos de la UE. Ya lo dijo Guindos ante el responsable de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Olli Rehn: “Vamos a aprobar una reforma laboral extremadamente agresiva.”

            Sólo que esta vez no será posible su retirada y la reforma la pagarán siempre los mismos –la clase trabajadora--, nunca los ricos ni los políticos que la ejecutan, porque a ellos no les hace falta la huelga, porque no hubieren necesidad al no afectarles a sus bolsillos y a su conciencia de defensores de los más débiles. Todo está consumado, y ni aun así, los mercados ni Europa se fían de nosotros. Nos lo quieren quitar todo: a los pobres, no a los ricos ni a los políticos, que piden con la boca chica que no haya plenos camerales ese día para pasar una jornada al sol.

            La foto del presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, apretando, pero no ahogando, la “garganta profunda” de nuestra economía, Luis de Guindos, en  la sede de la Comisión, trasciende el significado virtual de la imagen y de una huelga que todavía no ha comenzado. Al final no podremos gritar porque ahogarán hasta nuestras gargantas tras vaciarnos los bolsillos. Y lo primero, era el empleo…



LA SILENCIADA LECCIÓN DE ISLANDIA

           En 2009, la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideraba a Islandia como el tercer país más desarrollado del mundo. La decimoctava isla más grande del orbe y la segunda europea tras Gran Bretaña, tenía asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita. En 2008, su PIB nominal per capita fue el séptimo más alto del mundo, con 55.462 dólares US$ y el decimocuarto más alto en términos de paridad de poder adquisitivo.

            Sin embargo, su economía fue gravemente golpeada por la crisis económica de 2008-2010. Las protestas del pueblo contra los causantes de la crisis y los banqueros derivaron en la dimisión de su gobierno en bloque, la nacionalización de la banca, un referéndum para que el pueblo tomara las decisiones económicas trascendentales, la encarcelación de los responsables de la crisis y la reescritura de una nueva Constitución por los ciudadanos, todo lo contrario de lo que sucede en España, cuyos gobernantes consideran un resultado electoral favorable como sinónimo de referéndum para hacer de su capa un sayo que beneficie a los de siempre, a costa del cada vez más sufrido contribuyente, como si el poder otorgado fuere una vía que nos llevare al pasado en lugar de al futuro; como si las culpas de unos fueren excusa para tomar decisiones regresivas y no progresistas, solidarias y justas.

            En 2008, Islandia nacionalizó el principal banco del país, se desplomó la moneda y la bolsa suspendió su actividad. En 2009, las protestas ciudadanas provocaron la convocatoria de elecciones anticipadas y la dimisión del primer ministro y su gobierno. Una ley proponía devolver la deuda contraída con Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros que pagarían todas las familias mensualmente y durante quince años, con un 5,5 por ciento de interés.

            En 2010, los ciudadanos se echaron a la calle y solicitaron el sometimiento del proyecto de ley a referéndum. El presidente se niega a ratificar la ley y anuncia la consulta popular. El 93 por ciento de los votantes rechazan el pago de la deuda. Posteriormente, el Gobierno inicia una investigación para establecer las responsabilidades de la crisis. Banqueros y ejecutivos son detenidos y los implicados abandonan el país tras una orden internacional de búsqueda y captura.

            El pueblo eligió a 25 ciudadanos sin filiación política, mayores de edad y con el aval de treinta personas, para redactar una nueva Constitución que, recogiendo las lecciones de la crisis, sustituyera a la actual. En 2011, la asamblea constituyente comienza sus trabajos en los que recoge las propuestas de las asambleas celebradas por todo el país, que debería ser aprobada por los Parlamentos saliente y entrante.

            Islandia optó por no salvar a la banca ni proteger a sus acreedores y los contribuyentes no asumieron las pérdidas de los bancos. España intenta ahora salvar su sistema financiero con un plan más similar al de Irlanda, que garantizó las deudas de sus bancos e inyectó capital para mantenerlos a flote, pero el agujero bancario se llevó por delante las finanzas públicas del país, que tuvo que aceptar un rescate de la Unión Europea y el FMI el pasado diciembre.

            Tras dos años duros de ajuste, Islandia planea crecer un 3 por ciento este año y volver a los mercados de capital, mientras en España seguimos recortando cada día los patrones hasta dejar sin fuelle a la clase trabajadora, y políticos y banqueros fortalecen su economía a costa de los asalariados, impávidos ante la situación, sin boca para protestar, aun con toda su voluntad para decidir, obedeciendo sin rechistar a los que mandan, aun sin unión económica ni fiscal.