LA SILENCIADA LECCIÓN DE ISLANDIA

           En 2009, la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideraba a Islandia como el tercer país más desarrollado del mundo. La decimoctava isla más grande del orbe y la segunda europea tras Gran Bretaña, tenía asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita. En 2008, su PIB nominal per capita fue el séptimo más alto del mundo, con 55.462 dólares US$ y el decimocuarto más alto en términos de paridad de poder adquisitivo.

            Sin embargo, su economía fue gravemente golpeada por la crisis económica de 2008-2010. Las protestas del pueblo contra los causantes de la crisis y los banqueros derivaron en la dimisión de su gobierno en bloque, la nacionalización de la banca, un referéndum para que el pueblo tomara las decisiones económicas trascendentales, la encarcelación de los responsables de la crisis y la reescritura de una nueva Constitución por los ciudadanos, todo lo contrario de lo que sucede en España, cuyos gobernantes consideran un resultado electoral favorable como sinónimo de referéndum para hacer de su capa un sayo que beneficie a los de siempre, a costa del cada vez más sufrido contribuyente, como si el poder otorgado fuere una vía que nos llevare al pasado en lugar de al futuro; como si las culpas de unos fueren excusa para tomar decisiones regresivas y no progresistas, solidarias y justas.

            En 2008, Islandia nacionalizó el principal banco del país, se desplomó la moneda y la bolsa suspendió su actividad. En 2009, las protestas ciudadanas provocaron la convocatoria de elecciones anticipadas y la dimisión del primer ministro y su gobierno. Una ley proponía devolver la deuda contraída con Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros que pagarían todas las familias mensualmente y durante quince años, con un 5,5 por ciento de interés.

            En 2010, los ciudadanos se echaron a la calle y solicitaron el sometimiento del proyecto de ley a referéndum. El presidente se niega a ratificar la ley y anuncia la consulta popular. El 93 por ciento de los votantes rechazan el pago de la deuda. Posteriormente, el Gobierno inicia una investigación para establecer las responsabilidades de la crisis. Banqueros y ejecutivos son detenidos y los implicados abandonan el país tras una orden internacional de búsqueda y captura.

            El pueblo eligió a 25 ciudadanos sin filiación política, mayores de edad y con el aval de treinta personas, para redactar una nueva Constitución que, recogiendo las lecciones de la crisis, sustituyera a la actual. En 2011, la asamblea constituyente comienza sus trabajos en los que recoge las propuestas de las asambleas celebradas por todo el país, que debería ser aprobada por los Parlamentos saliente y entrante.

            Islandia optó por no salvar a la banca ni proteger a sus acreedores y los contribuyentes no asumieron las pérdidas de los bancos. España intenta ahora salvar su sistema financiero con un plan más similar al de Irlanda, que garantizó las deudas de sus bancos e inyectó capital para mantenerlos a flote, pero el agujero bancario se llevó por delante las finanzas públicas del país, que tuvo que aceptar un rescate de la Unión Europea y el FMI el pasado diciembre.

            Tras dos años duros de ajuste, Islandia planea crecer un 3 por ciento este año y volver a los mercados de capital, mientras en España seguimos recortando cada día los patrones hasta dejar sin fuelle a la clase trabajadora, y políticos y banqueros fortalecen su economía a costa de los asalariados, impávidos ante la situación, sin boca para protestar, aun con toda su voluntad para decidir, obedeciendo sin rechistar a los que mandan, aun sin unión económica ni fiscal.