La entrada en vigor del copago sanitario el próximo 1 de julio, incluidos los pensionistas, es el más impopular de todos los recortes efectuados hasta la fecha por el Gobierno de España para cumplir con los objetivos del déficit, porque ataca a los más débiles del sistema. No se trata tanto del copago, sino de una necesidad obligada para la Tercera Edad que, además, solo puede ser satisfecha en su Comunidad de origen, y no en ninguna otra de España.
No solo es una más de las múltiples promesas incumplidas por Rajoy, aparte de la subida del IVA, que muy pronto llegará, sino que nos plantea un reduccionismo de la nación que el Estado de las Autonomías no solo ha sido capaz de superar y unificar, sino de multiplicar por diecisiete estados no confederados en una nación “única e indivisible”, como manda la Constitución , pero cada vez con más pérdida de soberanía a costa de las Comunidades, de la UE y de los mercados, asunto sobre el que ya advirtiera Ibarra hace años, aludiendo a la necesidad de una reforma del Estado que delimitara las competencias exclusivas de este y las propias de las Comunidades Autónomas.
La tarjeta sanitaria única para el todo el territorio nacional no es un asunto baladí, que se anunciare como interoperable en todas las comunidades autónomas tras el primer Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado el pasado 29 de febrero, en el que la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció que se empezaría a emitir a finales de este año. Ya en 2003, la entonces ministra del ramo de Aznar, Ana Pastor, se propuso acabar con los problemas de compatibilidad entre los sistemas de identificación de pacientes y la digitalización de todos los usuarios, además de la cartera de servicios básicos, el calendario único de vacunación y una tarjeta sanitaria para todo el Sistema Nacional de Salud.
En este, como en tantos otros casos, llegamos tarde, aunque algunas voces tan preclaras como la de Fernández Vara ya previera hace unos años el dislate que supone la necesidad de diecisiete tarjetas sanitarias, y otras tantas diferentes licencias de caza y pesca para operar en los distintos territorios. Tuvo una iniciativa que no cuajó: una conferencia de presidentes sin el Presidente del Gobierno para ponerse de acuerdo en temas tan básicos como este, que llevara a dimitir al ministro de Justicia, Mariano Bermejo, en 2009, por cazar en una finca andaluza sin tener licencia para ello en la citada Comunidad, aunque las hubiere para su práctica en otras.
En la situación actual, asfixiados por la crisis, nos encontramos con diecisiete carteras de servicios diferentes, que nos impiden ejercer el derecho constitucional de viajar por todo el territorio nacional libremente, porque, aun habiendo licencia para ello, con un DNI y un pasaporte únicos, no nos ofrecen dispensación farmacéutica gratuita en todo el territorio nacional, ni caza ni pesca como deporte, a no ser en restaurantes.
La descentralización política y administrativa del Estado de las Autonomías más bien parece que, en lugar de hacernos avanzar hacia mayores cotas de bienestar social, nos hace retroceder hacia los tiempos de la beneficencia. Los últimos recortes en sanidad, educación y asistencia a pensionistas –las líneas rojas que nadie deseaba traspasar-- han caído como podrán caer los enfermos que, sin puntos de atención continuada, no lleguen a tiempo a los hospitales.
El último arrebato a la palabra maldita salió de la Asamblea de Extremadura el pasado 29 de mayo, cuando la Mesa de la Cámara aprobó una bajada del salario de los diputados de un 5 por ciento y acordó destinar el ahorro a la beneficencia. Mientras un sindicato calificaba el gesto de “populista y mediático”, el Grupo Socialista matizaba que la beneficencia no es competencia de la Asamblea , mientras que sí lo es de la Junta de Extremadura realizar programas de política social. Lecturas distintas de un mismo tema que para nada les conmoviere a ellos, pero sí a los desheredados de la vida, como los pueblos sin PAC, solos con la paz de sus vidas.
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