UN ENGAÑO A LOS PENSIONISTAS EXTREMEÑOS

            Cuando los pensionistas extremeños seguían esperando la devolución del exceso de gasto en el copago farmacéutico, vigente desde julio, así como el envío de su tarjeta sanitaria --anunciados en rueda de prensa por el gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) el pasado enero-, he aquí que el secretario de Sanidad del PSOE regional, José María Vergeles, médico de profesión y político de vocación, descubre, al término del primer trimestre del año, el porqué de los retrasos en la devolución y por qué las tarjetas prometidas no llegan. 

 

           Vergeles denunció el pasado lunes 1 de abril que las gerencias de área de Salud estaban emitiendo notas interiores en las que cambian las "reglas del juego" a los pensionistas para cobrar el exceso de pago en el copago farmacéutico, "al exigirles numerosas fotocopias y documentos". (Véase http://www.psoeextremadura.com/index.php/noticias/625-cuando-lleguemos-al-gobierno-acabaremos-con-las-concesiones-de-los-hospitales-de-don-benito-y-caceres).

 

            En resumidas cuentas: a los pensionistas con receta electrónica, el exceso del copago se les devolverá de oficio; pero a quienes aún reciben las prescripciones facultativas con receta manual, les obligan a presentar una fotocopia del DNI, un documento de alta a terceros; original de la factura o tique acreditativo de los gastos realizados con receta manual, sellado y firmado por la oficina de farmacia expendedora de los medicamentos, además de las fotocopias manuales legibles debidamente cumplimentadas.

 

            Nadie advirtió nunca de que habría que tener los tiques sellados por las farmacias, aunque muchos los guardaren, ni menos aún que las recetas manuales también hubieren que guardarse, "legibles y cumplimentadas", para solicitar la devolución por el exceso en el copago. Y para saber esto, ha habido que esperar tres meses desde que se anunciara que se pagaría mes a mes el débito desde julio de 2012 desde enero pasado. Y nada digamos de las 70.000 tarjetas prometidas que, a lo que parece, a nadie han llegado. Pretender involucrar a los pensionistas en una trama burocrática para acceder a lo que por derecho les corresponde, constituye, además de un engaño manifiesto, una indignidad rayana al nivel de la quita a los preferentistas o tenedores de subordinadas de la banca. Y, por si fuera poco, el sistema informático anunciado para no seguir financiando la Seguridad Social de esta forma, tampoco llega o nadie desea ponerlo en marcha.

 

            Vergeles ha sido prudente como político y cauto en poner calificativos en lo que supone un atropello más "al copago brutal que acaba con la justicia social", y ha anunciado que su partido estudiará jurídicamente este cambio de las reglas de juego de la Junta de Extremadura.

 

            Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Antonio Monago,  se ha visto obligado a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para estudiar el cierre de los 21 Puntos de Atención Continuada (PAC), que afecta al 30 por ciento de la población rural extremeña, tras la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, que ha obligado al ejecutivo de la comunidad vecina a abrir los PAC que había cerrado, aunque, para él, ambos casos son distintos, porque allí se actuó sobre los "principales" y aquí sobre los "accesorios", y echa las culpas de esa terminología clasificatoria al anterior Ejecutivo. (Véase http://www.20minutos.es/noticia/1770849/0/).

 

            El caso es seguir echando balones fuera, aunque el paro llegara en febrero a 132.411 extremeños, casi 70.00 sin ingreso alguno, según el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE); aunque la Junta se guarde los 2,5 millones de euros percibidos por el copago; y aunque se redacten los concursos para la construcción y explotación de primera fase del hospital Don Benito-Villanueva y la segunda del nuevo hospital de Cáceres, lo que conllevaría un traspaso del personal a las empresas adjudicatarias. Lo más increíble es que el bipartito PP-IU se negara a aceptar la propuesta de ley socialista en defensa de la sanidad pública, porque "invadía las competencias del Ejecutivo". ¿Quién invade aquí a quién: la política de recortes, y no de reformas, del Ejecutivo, o la dación en pago diferida, por parte de PP e IU, a su programa de empleo y de las líneas rojas ya traspasadas a la población más desfavorecida? La política de recortes, y no la del empleo, parece ser la única para el PP; y la deserción del debate-debate y lavarse las manos, por parte de IU, el partido de los "descamisados" y de la "pinza", o la traición a la clase trabajadora "in illo tempore"... y en la actualidad.