CHANTAJE AL ESTADO, TRAICIÓN AL PARTIDO

Una cosa es el chantaje al Estado, y otra, la traición al partido. No puede decirse, como afirma Rajoy, que el “Estado no admite chantajes”, en referencia a los “papeles de Bárcenas” y sus revelaciones antes negadas por activa, media y pasiva, y ahora, encriptadas, a la espera de su verificación o revelación definitiva.

Bárcenas no chantajea al Estado, sino a su partido, del que fue tesorero durante dos décadas, y cuyos secretos inconfesables fue anotando en sus cuadernos -los “papeles de Bárcenas”- para ir soltándolos ahora ante el juez Ruz como defensa vengativa para extrapolar sus culpas a otros, sus anteriores jefes, que lo han dejado a los pies de los leones tras su despido y “pago en diferido”.

Si alguien ha chantajeado en España al Estado han sido las organizaciones terroristas y los nacionalistas excluyentes, como si el denominado “ámbito vasco de decisión” del PNV o el “derecho a decidir” de CIU no hubieren nada que ver con él y, aun necesitando su placet para lograr sus propósitos, antepusieron sus intereses al ordenamiento jurídico del propio Estado, que ni puede, ni debe, admitirlos.

En una situación como esta, el jefe del Gobierno debería acudir al mejor referente histórico del chantaje político frente al Estado: “Roma traditoribus non praemiat” (Roma no paga traidores). Se atribuye esta frase al cónsul romano Quinto Servilio Cepión, hermano y sucesor de Serviliano, quien respondió así a los ursonenses Audax, Ditalcos y Minuros, sobornados por los romanos para asesinar a Viriato, en el año 138 a.C., principal caudillo lusitano que hiciera frente al expansionismo del Imperio entre el Tajo y el Guadiana.

Tras asesinarle mientras dormía, y volver al campamento romano para cobrar la recompensa prometida, el cónsul se la negó con la célebre frase que pasó a la historia, como símbolo de que el Estado de Derecho no paga ni a los traidores “per se”, ni a los traidores “por encomienda”.

Viriato fue despedido por sus soldados con los honores debidos a un líder defensor de su territorio frente al invasor. Según la leyenda, sus restos fueron incinerados sobre el Tormo Alto de Cuenca, y sus cenizas, mezcladas con las de su compañera, fueron esparcidas por las montañas por Marcial. Otras leyendas dicen que fue incinerado en Azuaga (Badajoz) y enterrado bajo el castillo de la localidad, y otros sitúan sus restos en Granja de Torrehermosa (Badajoz).

Táutalo, su sucesor, fue obligado a firmar la paz. El cónsul Marco Popilio Laenas entregó a los lusitanos la tierra que había sido la causa de la larga guerra, hasta que en tiempos de Augusto se logró la pacificación total, de la que emergiere Emérita Augusta (Mérida), como colonia de descanso para los veteranos de la guerra en Hispania, en el 25 a.C.

Pero ni Bárcenas es Viriato, sino un listillo de ocasión que se ha aprovechado de su partido; ni Rajoy encarna al Estado, sino a su partido, del que nada bueno puede ofrecer con su silencio, que le puede hacer estallar en las manos las granadas desactivadas. Hablar a tiempo hubiera sido mejor que pedir perdón a destiempo; y, como el caso de Bárcenas, estar en la cárcel y ser imputado, juzgado y quizá condenado.

El silencio se convierte en cómplice cuando otorga y negare antes lo que ahora parece confirmar. Lo hizo Bárcenas, y Rajoy parece seguir su camino antes que dar las explicaciones que le piden los representantes del pueblo.

Sin embargo, el chantaje al partido en el Gobierno no pudiera entenderse porque Bárcenas chantajea a aquel y por extensión, al Estado; pero el Estado de Derecho tiene suficientes resortes como para defenderse a sí mismo de traidores a su propio partido. Y Bárcenas, tan sólo es eso: un traidor como Audax, Ditalcos y Minuros.

Otros antes que los señalados por él en sus “papeles”, dimitieron por decencia política al ser imputados, aunque luego fueran absueltos. Recuérdense los ex vicepresidentes socialistas Alfonso Guerra y Narciso Guerra; o del presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid y, más recientemente, el ex ministro José Blanco.

A otros, empero, hubo que pedirles la dimisión antes de ser cesados, como a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, para limpiar al partido de sospechas ante una nueva cita electoral.

Hoy, muchos son los imputados; pero aquí no dimite nadie. Ni basta pedir la dimisión por pedirla. Sólo la Justicia pondrá el punto final a quienes pretenden engañar con sus enredos al pueblo, al partido, al Gobierno, o al Estado.