"MAREA AMARILLA" CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

 

            La capital de España fue un clamor en la mañana de ayer sábado, 11 de abril, en protesta por la voluntad gubernamental de transferir a los registradores de la Propiedad y Mercantiles sus funciones y por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público universal y gratuito, mantenido por la Administración de Justicia. Asociaciones profesionales de la Justicia, funcionarios, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid, sindicatos, Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, partidos políticos y colectivos de izquierda, han apoyado la manifestación. La posible privatización cuenta con la oposición de todos los partidos políticos, salvo el PP.

            El Registro Civil es público en España desde 1871 y su privatización supondría la pérdida de más de 8.000 oficinas (de 8.120 actualmente, se pasaría a poco más de 100). El Registro es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente en trámites obligatorios como nacimientos, matrimonios y defunciones. Su privatización supondría el pago por muchos trámites hoy gratuitos, y otros que serían de pago y que ahora no lo son, además de poner en peligro 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores. Esto significaría pagar una tasa entre 300 y 500 euros por acogerse a derechos constitucionales, hasta hoy gratuitos, como el matrimonio, o 150 por cambiarse los apellidos, además de mercantilizar los datos profesionales de los ciudadanos.

            El sindicato CC OO ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita modificar la Ley 18/2014 --cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio--, para que el Registro se mantenga como servicio público. Los registradores se posicionan en contra del modelo. Aunque formalmente son funcionarios públicos, contratan a su personal, tributan por IVA y cobran por servicios... El proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, ahora en fase de tramitación, se limitaba en principio a regular el registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales. Rajoy, registrador de profesión, y el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, desean utilizarla para modificar sustancialmente la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011), aprobada por consenso, mediante vía de enmienda. El presidente ha sido acusado de intentar privilegiar al grupo profesional al que pertenece él mismo y dos de sus hermanos, uno de ellos con ejercicio en Cáceres, a quien se le atribuye la autoría de la reforma, según se afirma en el blog registrocivildetodos.blogspot.com.es,  en su calidad de asesor de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Catalá se remite a la negociación con las partes interesadas y defiende que la reforma contempla el Registro como un servicio público y gratuito, algo que nadie se cree. Catalá está haciendo bueno a Gallardón, confiesan los colectivos afectados. Ya el ex ministro de Justicia había encomendado a los registradores la gestión de los expedientes de nacionalidad, para desatascarlos, que ya tenían encomendada desde 2012, sin que recibieran cantidad alguna del erario público, pero por la que ha han percibido cuatro millones de euros (a los sefardíes le cobraron 75 euros por la nacionalidad).

            Ruiz Gallardón, más conocido como el "ministro del tasazo", elevó por ley las tasas judiciales entre 50 y 750 euros, con el objetivo de frenar la saturación de los juzgados y pagar la justicia gratuita y solucionar, de otro lado, conflictos que podrían solucionarse por otras vías. El "tasazo" retrotrajo la gratuidad de la Justicia al siglo XIX, al limitar su acceso a ella a los ciudadanos con ingresos medios o bajos, con subidas en el ámbito de segunda instancia para reducir  la dilación temporal de los procedimientos y aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales. La realidad es que las apelaciones en civil y contenciosos subieron 500 euros y las casaciones de los mismos procedimientos, de 600 a 1.200. En la jurisdicción social, los casos de súplica y casación, gratuitos hasta entonces, tuvieron una  subida entre 500 y 700 euros. El 23 de septiembre de 2014 presentaba su dimisión tras el anuncio del presidente del Gobierno de retirar su propuesta de ley del aborto por él apadrinada.

            Qué decir del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobado en agosto de 2014 por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el 15 de julio próximo, que permite a los notarios celebrar los matrimonios civiles, además de por la Iglesia, los ayuntamientos y los registros civiles. "Nihil prius fide" (nada antes que la fe, es el lema notarial), solo que esta fe hay que pagarla. Nada digamos si un investigador va a preguntar unos datos que necesita para su investigación y difusión. El silencio administrativo y personal será la única respuesta y fe que reciba por ello. Así vamos, tras 144 años, como los cangrejos, andando de lado..., pero siempre pagando. Y aquí no hay clases: todos iguales, pero sin igualdad ante la ley por motivos económicos.