La reciente constitución del
Congreso de los Diputados en la XIII Legislatura ha puesto de relieve el
problema con el que se enfrentan los discapacitados físicos para hacer una vida
normal en edificios públicos que no fueron hechos para ellos, ni se han
adaptado aún a las previsiones legales. Según datos del Consejo General de
Colegios y Administradores de Fincas de España, cerca del 75 por ciento de los
edificios no cumple con los principios de accesibilidad universal. La
eliminación de barreras arquitectónicas, necesaria para garantizar la igualdad
de oportunidades, continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Los
aspectos concernientes a la eliminación de barreras arquitectónicas se
encuentran regulados en diferentes leyes y decretos que afectan a todo tipo de
edificios y fincas. La Ley 8/2013, de 26 de junio, sobre la rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas reforzaba el Decreto 1/2013 sobre
accesibilidad, que garantizaba la promoción de la accesibilidad universal,
definiendo el concepto: condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma
y natural posibles y "ajustes razonables" (modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a
las necesidades específicas de las personas con discapacidad, ambos
relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas. La Administración
se ha adaptado antes a los elementos de seguridad física y a las nuevas
tecnologías que a la eliminación de las barreras arquitectónicas para permitir
la accesibilidad universal. Y todavía
llama la atención que el presidente y un ujier tengan que acercarse a la última
fila del hemiciclo para que pueda votar un diputado discapacitado. En esta
Legislatura hay dos representantes con discapacidad, el más conocido sufre
atrofia muscular espinal y otro que padece un cincuenta por ciento de pérdida
auditiva; pero antes que ellos estuvieron dos diputados en legislaturas
anteriores que obligó al Congreso a adaptar sus instalaciones. Nunca podrán
acceder a la tribuna para hablar. Como ellos, miles en toda España no pueden
acceder aún a edificios públicos por las barreras físicas que se lo impiden. Y
no son noticia, como estos, aunque la ley obligue a todos a cumplirla.
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