EXCLUSIÓN SOCIAL EN EXTREMADURA

    

    Un tercio de la población extremeña continúa en una situación de vulnerabilidad económica, aunque se ha producido una disminución de cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior. Son datos hechos públicos por el Informe AROPE, por sus siglas en inglés, que analiza los niveles de pobreza y exclusión social de las comunidades autónomas y que tiene como objetivo evaluar el porcentaje de población o exclusión social en las regiones de la Unión Europea.

    El citado informe presentado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el pasado 18 de octubre, ofrece los siguientes datos con referencia a Extremadura.

     El 32,8 por ciento de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza; es decir, 345.000 personas se hallaban en riesgo de exclusión social el pasado año. Aunque esta cifra representa una disminución de cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior, un tercio de la población continúa en situación de vulnerabilidad económica.

     Entre los factores clave que impactan la pobreza se encuentran, entre otros, el aumento del precio de la vivienda, convertido en uno de los principales generadores de pobreza. Muchas familias extremeñas se enfrentan con dificultades para acceder a una vivienda adecuada o a asumir el coste de los alquileres. A esto se suma el desempleo y la precariedad laboral, que afectan gravemente a los hogares.

    Extremadura, según el Informe AROPE, sigue siendo una de las regiones más afectadas por la pobreza, con indicadores que están muy por encima de la media nacional. El desequilibrio en el acceso a servicios y oportunidades económicas agrava la situación de pobreza en Extremadura.

    El Informe subraya también que, aunque el crecimiento económico y el incremento del PIB son esenciales para mejorar las condiciones de vida en la región., por sí solos no son suficientes para reducir la pobreza y la exclusión social de manera efectiva y es necesario que el crecimiento económico esté acompañado de políticas redistributivas.

    La tasa de privación material y social severa se sitúa en el 8 por ciento. Aunque ha disminuido con respecto al año anterior, algunos indicadores han empeorado. Por ejemplo, el 25,1 por ciento de la población extremeña no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 5,2 por ciento no puede permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

     Las dificultades para llegar a fin de mes afectan a más de la mitad de la población, lo que refleja la presión financiera a la que están sometidos muchos hogares, en un contexto de aumento del coste de vida.

    Finalmente, el Informe hace hincapié en la situación crítica de las pensiones: el 42,5 por ciento no supera el umbral de pobreza de 785 euros mensuales, lo que coloca a muchos pensionistas en una situación económica precaria. Más preocupante aún es que el 13 por ciento de las pensiones son inferiores al umbral de pobreza severa, establecido en 523 euros mensuales. En las pensiones de viudedad, la situación es aún más grave, con un 22,5 por ciento por debajo de la pobreza severa. La mayoría de estas pensiones corresponden a mujeres lo que refleja una importante desigualdad de género en el sistema de pensiones.