La LXXVII Asamblea General de la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España (FAPE), celebrada recientemente en Granada, ha
reivindicado la figura de los profesionales senior de más de 50 años, y con 30
de experiencia, "a quienes se está expulsando de las redacciones", y
ha advertido de las graves consecuencias de esta descapitalización para el
periodismo de calidad. La
madurez y la experiencia han sido siempre un plus añadido a los valores que
encarnare una profesión que, como otra cualquiera, no la da el título, sino su
ejercicio, en un continuo aprendizaje que une al conocimiento las tildes
consustanciales a la misma.
Ya hace
años, algunas grandes empresas españolas prejubilaban a sus trabajadores a los
52 años, en plena madurez creadora, con el único afán de obtener más
beneficios, aun a costa del resto de los trabajadores españoles, ahorrándose
dos años de salarios y Seguridad Social, tras enviarlos al paro, para volver a
ella hasta la desvinculación definitiva, alcanzada la jubilación. Esa misma
empresa, Teléfonica de España, pretendió hace años, en octubre de 2008,
efectuar una eufemística "desvinculación anticipada" de 700
trabajadores, rebajando en cuatro años la cifra habitual de sus
prejubilaciones, con las mismas condiciones que aquellos. Los sindicatos, como
parte interesada, bendecían aquel alarde de injusticia que pretendía extender
como norma, y no hacer excepción, de unas prejubilaciones a los 48 y 52 años,
mientras que "un trabajador que está en el andamio tenga que estar
trabajando hasta los 65", en palabras del entonces ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho.
Cuando ni
los jóvenes encuentran empleo y los mayores de 45 o 50, expulsados del mercado
laboral, lo hallaren, entramos en una dicotomía inválida entre la experiencia
no probada, por no adquirida, y la madurez reconocida, pero expulsada del
paraíso del trabajo, que implica la descapitalización del conocimiento de un
país, incapaz de hallar el término medio de la virtud: dar trabajo a los
jóvenes y no perder la experiencia acumulada de los veteranos.
Los
politólogos acuñaron en la "guerra fría" el sintagma "la
gerontocracia del Kremlin" para referirse a sus presidentes, dada su
avanzada edad, desde Leonid Brézhnev (1964-1982), pasando por Yuri Andropov
(1982-1984), Konstantin Chernenko (1984-1985), hasta la llegada del joven
Mijail Gorvachov (1985-1991), con 54 años. La gerontocracia es la forma
oligárquica de gobierno, en la que una institución o gobierno es dirigido por
una pequeña cantidad de líderes, en las que los más ancianos mantienen el
control. En Cuba, la cúpula dirigente del país raya los 80 años. El papa Pablo
VI instituyó que los cardenales mayores de 80 años no pudieren votar en el
Cónclave y, por tanto, no ser electos. Sin embargo, se considera que un papa como
el actual, Francisco, con 76 años, ha sobrepasado la edad adecuada para dirigir
la Iglesia, cifrada en los 60, en la que se acumulan todavía experiencia y
vigor físico y espiritual, como requería el papa emérito Benedicto XVI, como
para ejercer unos veinte años. Juan Pablo II fue elegido papa en 1978 con 58
años, el segundo más joven del siglo XX, y su pontificado duró 27 años y 11
meses, hasta el 2 de abril de 2005.
Felipe
González (Dos Hermanas, Sevilla, 1942) fue elegido presidente con 39 años y ejerció catorce años como tal
(1982-1996). José María Aznar (Madrid, 1948) fue presidente a los 43 años
(1996-2004) y fue el primero en extrapolar a España la norma constitucional
americana de dos mandatos de cuatro años como máximo, aunque dejó la puerta
abierta "si España estuviera en peligro..." En una de sus visitas a la Moncloa, el hoy
presidente israelí, Shimon Peres (Wiszniewo, Polonia, hoy Vishneva,
Bielorrusia, 1923), que hoy frisa los 90 años, conocedor del retiro anticipado
de Aznar, le mostró su extrañeza ante tal circunstancia dada su juventud.
Para no
ser menos, Extremadura fija en ocho años el mandato del presidente de la Junta,
según el anteproyecto de ley del Estatuto de Cargos Públicos, ahora a estudio en el Consejo
Consultivo, dado a conocer el pasado mes. Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mérida,
1948) fue presidente de la Junta de Extremadura con 35 años y estuvo 24 años en
el poder (1983-2007), en que dio paso a su sucesor, Guillermo Fernández Vara
(Olivenza, 1958), presidente entre 2007-2011, que accedió al cargo con 48 años,
mientras que el actual, José Antonio Monago (Quintana de la Serena, 1966) desde
el 7 de julio de 2011, asumió el cargo con 45 años.
Ni la
edad, ni la unificación de jurisprudencia de los cargos públicos ni su régimen
disciplinario y sancionador, hacen al buen político. El político nace y después
se hace. Cuando los partidos políticos de una democracia asentada, como Italia,
que ha sido capaz de gobernarse con un pentapartito, se ven ahora incapaces
para formar un gobierno de coalición, y han de pedir a su anciano presidente de
87 años, Giorgio Napolitano (Nápoles, 1925), que el 10 de mayo cumpliría su
segundo mandato de siete años, un tercero, a qué hablar de edad a nuestra
conveniencia, de limitación de mandatos..., cuando nuestros diputados juran o
prometen la Constitución saltándose a la torera la fórmula reglamentaria, con
la anuencia del presidente de la Mesa de Edad, que les otorgare su condición de
diputados. Y miren por dónde: la Constitución italiana sí exige una edad mínima
para ser presidente de la República: 50 años. Aquí, ninguno hubiera pasado el
corte, excepto Calvo Sotelo, presidente a los 55. Pero, en fin, si todo es por
quitarle la casa a los ex presidentes, que ellos pactaron, y ahora por salvar
el pellejo del bipartito..., pues vale.
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