El político y magistrado extremeño Diego Antonio González Alonso (Serradilla, Cáceres, 23/09/1778; Madrid, 11/05/1841) vino al mundo en el seno de una familia del sector de los hacendados rurales, compuesta por Juan Ignacio González y María Ignacia Alonso. Su trayectoria, culminada en altos cargos administrativos y políticos, y vida, ilustran el tránsito de una sociedad tradicional a la España liberal del siglo XIX, que recrean y sitúan en su contexto el último libro del cronista de Trujillo y académico José Antonio Ramos Rubio y el jurista José Luis Pérez Mena. [1]
Sus primeros años de formación discurren en el Seminario Conciliar de Plasencia, donde cursa estudios de Filosofía y Teología y, aunque no desarrolla una carrera clerical, su paso por él fue decisivo en la configuración de su perfil intelectual y moral. El 27 de noviembre de 1797 se incorpora a la Universidad de Salamanca. Curso el ciclo inicial de los estudios de Leyes. La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia, interrumpen la actividad académica. No obstante, en 1814 obtiene el grado de bachiller en leyes. Después se integra en la Academia de Leyes de la Universidad de Salamanca, destinada a complementar la enseñanza teórica. Tras superar las pruebas correspondientes, recibe los títulos de licenciado y doctor en leyes, respectivamente.
Abre su estudio de abogado en Salamanca, es nombrado regidor del Ayuntamiento y receptor de penas de cámara de la Real Chancillería de Valladolid aunque, tras el retorno de Fernando VII, en 1814, es separado de este último cargo. Abre, entonces, en su domicilio su propia academia privada de leyes, al tiempo que intenta consolidar una carrera académica en la Universidad, donde ocupa el puesto de profesor sustituto de la cátedra de Economía Política y práctica (1816-1817) y en 1818, la de sustituto en una de las cátedras de Digesto Romano. Aprueba la oposición a una cátedra de Derecho, aunque su promoción fue vetada por el ministro de Gracia y Justicia, Lozano de Torres, figura destacada del absolutismo fernandino.
Tras la restauración absolutista, muchos juristas formados en el ambiente reformista de finales del XVIII, vieron bloqueadas sus posibilidades de promoción, incluso contando con méritos suficientes. En este marco de depuración de funcionarios sospechosos de liberalismo debe situarse el rechazo de la solicitud presentada por Diego González para ocupar una plaza de magistrado de la Audiencia de Extremadura. Retorna a Salamanca y su incorporación al Colegio de Abogados le permite integrarse en las redes corporativas de la ciudad. Abre un estudio jurídico, que atiende todo tipo de causas. Durante el bienio 1816-1817 fue procurador síndico del Ayuntamiento de Salamanca y en 1820 fue nombrado corregidor y alcalde mayor de la ciudad de Toro (Zamora).
El restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820 supuso un punto de inflexión decisivo en la historia política y jurídica de la España contemporánea. En los segundos comicios del Trienio Liberal (1820-1823), González Alonso fue elegido diputado por la todavía provincia de Extremadura.
La crisis política y militar de 1822 puso de manifiesto la fragilidad del orden constitucional y la connivencia de amplios sectores de aparatos del Estado con la causa absolutista. En las postreras reuniones de las Cortes del Trienio, González Alonso se alineó con el sector que consideraba inevitable una ruptura con el monarca, por su actitud ambigua como rehén de los absolutistas. Con el triunfo definitivo de la reacción absolutista y la liberación del rey, se desencadenó una reacción sistemática contra los colaboradores del régimen constitucional, que les declaró traidores y reos de muerte, entre ellos al político extremeño, ordenando el embargo de todos sus bienes. Ante esta situación, el exilio se convirtió en la única vía de salvación para él. Se marchó a la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, donde se dedicó a la observación y práctica de la agricultura, actividad que adquirió una importancia creciente en su experiencia de exilio, caracterizado en el lugar por un modelo avanzado para la época, por la combinación equilibrada de agricultura y ganadería y por una cuidada planificación de los cultivos.
La muerte de Fernando VII en 1833 abrió una nueva etapa política marcada por la regencia de María Cristina y la necesidad de integrar a los liberales en el nuevo marco institucional. El político extremeño regresó a España en febrero de 1834, fijó su residencia en Valladolid, donde fue nombrado fiscal de la Audiencia. En junio de 1834 fue elegido procurador por Cáceres, pero se le exigió una acreditación económica que le resultaba difícilmente asumible por el menoscabo de sus bienes desde 1823.
La restauración de la normativa electoral gaditana le permitió acceder a las Cortes Constituyentes como diputado por Salamanca. Su trayectoria parlamentaria durante la legislatura constituyente de 1836-1837 pone de manifiesto la existencia de un liberalismo progresista coherente, jurídicamente fundamentado y políticamente activo. En el verano de 1837 accedió a la magistratura en la Audiencia de Madrid y, apenas un mes después, fue nombrado ministro de la Gobernación.
Pese a la brevedad de su mandato (hasta octubre de 1837), impulsó reformas para racionalizar la Administración, limitar la arbitrariedad en la provisión de cargos públicos y adaptar la estructura territorial del Estado a los principios del constitucionalismo liberal, en el que la provincia se consolida como unidad básica de la Administración del Estado.
Una grave enfermedad le obliga a abandonar Madrid y trasladarse a Cáceres. En las elecciones legislativas de 1839 fue elegido diputado por Cáceres.
Su producción bibliográfica revela un proyecto intelectual coherente: en 1839 publica El templo de Ammon y los pitagóricos, una traducción del helenista francés Jacques Nicolas Belin de Ballu. La nueva ley agraria (1840) aborda el problema central de la economía española: la explotación de la tierra, en la que desliza una corriente reformista basada en una modernización agrícola que no pasara necesariamente por el empobrecimiento del campesinado ni por la consolidación del latifundismo absentista.
[1] Vid.: Ramos Rubio, José Antonio y Pérez
Mena, José Luis: Diego González Alonso, la voz liberal del campo, TAU Editores,
Cáceres, 2026, 178 págs.
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