LA SELECTIVIDAD DE LAS 5.000 PREGUNTAS

Selectividad significa, según el diccionario, seleccionar o elegir entre muchos; es el conjunto de pruebas que se hacen para entrar en la universidad. Un examen puede que no revele el conocimiento total de la materia, ya evaluada; pero sirve, como la nota media, para superar el corte al que se aspira: los estudios deseados.

Subsiste aún la selectividad como método de acceso y elección, porque muchos son los llamados, pero no todos los elegidos para determinadas áreas del saber. Esa “arcaica, antipedagógica criba injusta”, según un sindicato estudiantil, se extrapola con total naturalidad hacia otros campos de la vida: la selección genética para mejorar una determinada raza animal, por ejemplo, de las que, en algunos momentos infaustos de la historia, fue objeto el hombre mismo.

Sin embargo, la leva, o reclutamiento forzoso para realizar el servicio militar, subsumía otras selectividades, una por defecto y otra por exceso. El defecto de algún impedimento físico, de un lado, y el excedente de cupo, de otro, que podía librarte de él, entre otras. El resto no necesitaba selectividad alguna, porque “el valor se les suponía”. Y, así, esas dos selectividades cayeron en saco roto tras aprobarse la Constitución y, posteriormente, la norma de leva forzosa, por “arcaica, discriminatoria, antigua e insolidaria”, como califican los sindicatos de estudiantes a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

En un sistema democrático no existe selectividad política más precisa que las elecciones, en la que el poder constituido aspira a revalidar la selectividad anteriormente aprobada y la oposición, la de sacar mejor nota para pasar el corte de la voluntad popular; pero, además, los sistemas de control, siempre perfectibles como la selectividad misma, con que se dota el régimen político, resultan operativos para los fines con que se crean. Además de los parlamentos y asambleas o el Tribunal de Cuentas, en su caso, no resulta desdeñable crear una oficina de control presupuestario, llegado el caso, o cuantos organismos velen por la pureza del sistema.


No obstante, en tiempos de crisis no parece que a la oposición extremeña le asuste solicitar lo que tantas veces critica al poder establecido: rigor, austeridad, dialogar de lo que preocupa e interesa a la gente, eficacia y gestión; el “todos a una “para superar el momento, porque “si perdemos, perdemos todos y si ganamos, ganamos todos”, en afortunada expresión del Presidente Fernández Vara.

Resulta, pues, incomprensible que la oposición, en su libre derecho de ejercer el mandato que le es propio, proponga en la Asamblea una prueba de selectividad al Gobierno de Extremadura de 5.000 preguntas con respuesta por escrito. Más que control, eso podría calificarse de tsunami que, aunque a todos nos afecte, a ellos les da alas de cera a la búsqueda de la verdad “con criterios objetivos y sin sectarismos”.

Eso no es selectividad: es una fuerte avenida de agua que “ralentiza” y “ocasiona dificultades” en el funcionamiento de la Administración, como bien ha dicho el portavoz socialista, Sánchez Amor. Y no están los tiempos como para dedicar a los funcionarios a buscar en archivos ni el Gobierno para revalidar una selectividad aprobada con corte suficiente como para tener que repetirla.

Para el PP no parece contar la selección de sus iniciativas parlamentarias, sino el número de ellas; no la calidad agrupada, sino la cantidad dispersa; no la voz de quien siempre está dispuesto al debate y al diálogo de lo que le interesa a la gente, sino lo que ellos pretenden: hacerse notar, aunque en ello vaya en juego el normal funcionamiento de la Administración Pública.

No es ésa la “buena praxis” de democracia que desea, y a la que se someten libremente, el Presidente y sus consejeros en la Cámara para abordar las iniciativas de la oposición, “que da solera democrática a la Comunidad”, como acaba de reconocer el secretario general de los socialistas navarros esta mañana en Mérida.

No hay estudiante que pueda enfrentarse a una selectividad de 5.000 preguntas sobre los últimos cinco años; ni funcionarios que lo suscriban, ni pueblo que lo soporte, aunque las respuestas que se dieren fueren todas correctas. Es político, sí; pero no el método adecuado para los momentos actuales.