No hubiere de decir,
aquí y ahora, "sin que sirva de precedente". Ojalá el precedente
fuera siempre la norma y no la excepción en la relación que la Administración
regional, o cualesquiera otras, les deben a sus subordinados. Por primera vez
en mi vida, la Administración autonómica me ha respondido a una demanda por
escrito, aunque sea telefónicamente, y aunque ya la hubiere verificado de
antemano. Quiero pensar que la funcionaria del Servicio Extremeño de Salud
(SES), que tan amablemente me ha llamado esta mañana, se ha anticipado a
responderme a mi solicitud de 23 de diciembre de 2013, presentada en el
Registro de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres-Coria, Unidad de
Tramitación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), en la que solicitaba una verificación
de un posible exceso del copago sanitario en el mes de diciembre. Comoquiera
que, en el presente mes de enero, ya había sobrepasado con creces el límite
fijado el pasado año, el día 21 último me presenté de nuevo en la Gerencia para
preguntar por el TSI que me correspondía y salir así de dudas. En efecto, había
sucedido lo que quizás hubiere leído el pasado año: Hacienda ha remitido a los
Servicios de Salud las declaraciones de la renta por las que se actualiza el
TSI y las cantidades que han de pagar los pensionistas, que entró en vigor en
diciembre.
Si la Junta de Extremadura hubiera dado a conocer a los
pensionistas la nueva
actualización, en base a la renta declarada y a la
subida de unos céntimos anuales --como me aseguraron en la Gerencia- ni habría
realizado la solicitud de verificación de diciembre, ni habría acudido de nuevo
al citado organismo para asegurarme de mi asignación. En menos de cinco
minutos, todo aclarado: mi aportación ha subido.
Si el SES hubiera sido tan diligente desde el principio
como lo ha sido en esta ocasión, no hubiera ocurrido lo que sucedió desde que
entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012 --el 1 de julio del citado año--, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en que la
transparencia del SES brilló por su ausencia. Tuvieron que pasar nueve meses
hasta que el doctor José María Vergeles, secretario regional de Sanidad del
PSOE, dio la voz de alerta: el
SES ha cambiado las reglas de juego. Y no es que las
hubiere cambiado; es que las había ocultado. Así, poco tiempo después los
propios directivos del SES reconocieron haber actuado con no mucha diligencia a
la hora de informar. Muchos pensionistas se quedaron sin cobrar el exceso del
copago durante esos nuevos meses por falta de información y de la documentación
que habrían de aportar en las Gerencias de las Áreas de Salud para su
devolución, y que ignoraren el personal sanitario, los funcionarios de los
centros de salud y los propios farmacéuticos; más aún, los pensionistas.
Bien está que la Administración responda por una vez a
los administrados--aunque sea por vía telefónica- sobre cuestiones planteadas,
aunque ya las hubiere resuelto de antemano, gracias a la amabilidad del
funcionario de la Gerencia. Ahora, corresponde al SES dar información en la
Asamblea --y no en rueda de prensa-- sobre cómo va la devolución de 2012-2013-
y de la aplicación desde diciembre, de la que poco ha informado. He agradecido
a la funcionaria su amabilidad y le he confirmado que ya lo sabía, porque si
espero respuesta, voy dado... me dije desde un principio.
Y, como de sabios
es rectificar, he de corregir mi duda, expresada en el artículo "Entre
auctoritas y postestas", publicado aquí
el pasado domingo, día 26, en el que me preguntaba si el diputado socialista
Rodríguez Osuna habría sido el primer diputado expulsado de la Cámara
extremeña. Pues no: ya el 27 de mayo de 2005, el presidente de la Cámara
--entonces, Federico Suárez-- ordenó la
expulsión de los diputados populares Teresa Angulo y Alberto Casero,
cuando se debatía una proposición de IU sobre la refinería. Cada cosa en su
sitio, y el SES, a informar más y mejor, como sus funcionarios.