Políticos y ministriles no dejan de apelar, cada vez más, a la sociedad civil. Qué será la sociedad civil, quiénes son sus componentes. A qué se refieren, cuando hablan, dicen y escriben, de la sociedad civil. ¿Será una secta, una casta aparte, de entre los ciudadanos que compusieren la sociedad toda?
“Apelamos a la sociedad civil a manifestarse”, “llamamos a la sociedad civil a la rebelión”, “la sociedad civil sufre las consecuencias de la crisis”… Se refieren, quienes así hablan, a los otros, no a sí mismos, como si ellos no formaren parte de la sociedad global de su propio mundo; como si fuesen parte de otro mundo en el que ellos mismos estuvieren por encima de los demás. Quizás el lenguaje expresa, a veces, mejor que cualquier otro medio, esa dicotomía entre una clase política, elevada al poder por el pueblo, pero aposentada en sus reales, y el pueblo mismo, del que ellos creen ser antónimos cuando así se expresan..
‘Ciudadano’ viene del latín civis, mientras que civilis se refiere al conjunto de los ciudadanos, a la sociedad o a la vida política. Por tanto, no cabe hablar de ‘sociedad civil’, entendiendo por ella a otro conjunto de ciudadanos distintos de los que se pronuncian como tales.
Aunque la sociedad siempre se ha dividido en clases, no cabe hablar en los tiempos actuales de ‘sociedad civil’ si quien habla forma parte de la misma. La Constitución Española de 1978, cuya treinta aniversario acabamos de celebrar, expresa claramente en su artículo 1 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”, y en su artículo 14 proclama que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Es decir, no debemos, aunque sí podamos, hablar con arrogancia de los demás, como si nosotros no formáramos parte de la sociedad misma; como si del poder del pueblo, del que emana la soberanía nacional, nacieren distintas clases sociales, afortunadamente abolidas desde la Revolución Francesa o por nuestra propia Constitución.
Aun hoy, en numerosos medios informativos, los ministriles servidores de la opinión pública continúan hablando o escribiendo que a determinado acto asistieron “autoridades políticas, militares y religiosas”, como si la única autoridad no fuere la civil, la que emana del pueblo, y el resto fueren simplemente estamentos sociales. La autoridad en una empresa se ejerce solamente en la misma, bien por delegación o elección de los accionistas; pero no cabe decir que sea una autoridad civil, como no lo son los militares, sino escala de mando (desde el capitán general hasta el cabo) ni los eclesiásticos, sino jerarquías (desde el Papa hasta el cura párroco). Cabría preguntarse, pues, si quienes apelan a la ‘sociedad civil’ están llamando a una rebelión a estos tres estamentos sociales, tan presentes en el antiguo régimen, en los que se sustentó para su propia supervivencia.
Ya en la Atenas de Pericles, la sociedad se dividía en tres clases: los ciudadanos (120.000), los esclavos (300.000) y los extranjeros, o inmigrantes (80.000), sin contabilizar a las mujeres y a los niños, que quedaban excluidos de ellas.
En el Imperio Romano, había patricios, que eran los propietarios, o aristócratas, que podían acceder a las magistraturas (cónsul, cuestor, pretor…); los plebeyos, el resto de los ciudadanos, que no podían acceder a ninguna magistratura, excepto a tribuno o edil de la plebe, dos magistraturas que fueron arrancadas a los patricios tras las guerras entre éstos y los plebeyos. Finalmente, estaban los esclavos, que eran un simple instrumento de trabajo. A partir de entonces se establece el Senatus populusque Romanus (el Senado y el pueblo romano), que establece el equilibrio de poder en la República (de res publica, la cosa pública), que a todos compete y obliga.
La Edad Media divide la sociedad en tres clases estamentales: los oratores (monjes o clero), los bellatores (militares) y los laboratores (campesinos), porque los esclavos no eran considerados ni personas.
En la Edad Moderna conviven la nobleza, el clero, y la burguesía surgida al amparo de la Revolución Francesa de 1789, y los súbditos de la monarquía, la plebe, que deja de serlo para convertirse en ciudadanos gracias a la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” del mismo año y la posterior Constitución.
En la Edad Contemporánea, a la que dio paso la Revolución Francesa, la aristocracia no constituye ya un estamento privilegiado, porque la Constitución otorga a todos los mismos derechos y deberes.
Quizá quien mejor expresara el concepto de soberanía del pueblo como fundamento constitucional fue Abraham Lincoln quien, en su célebre arenga de Gettysburg, de 1863, dijo aquello del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Quién habla, pues, de la sociedad civil como si no formare parte de ella misma, o como si el poder que ésta le otorgare le hubiere elevado al Olimpo que ningún dios le signare para siempre… Quizá tendrían que volver a Hispania las legiones romanas, con su portaestandarte al frente y la leyenda Senatus populusque Romanus; es decir, todo para el pueblo, pero con el pueblo, para que algunos comprendieran que no son casta ni poder aparte sin él. Lo mismo que, afortunadamente, proclamó nuestra Constitución hace treinta años.
“Apelamos a la sociedad civil a manifestarse”, “llamamos a la sociedad civil a la rebelión”, “la sociedad civil sufre las consecuencias de la crisis”… Se refieren, quienes así hablan, a los otros, no a sí mismos, como si ellos no formaren parte de la sociedad global de su propio mundo; como si fuesen parte de otro mundo en el que ellos mismos estuvieren por encima de los demás. Quizás el lenguaje expresa, a veces, mejor que cualquier otro medio, esa dicotomía entre una clase política, elevada al poder por el pueblo, pero aposentada en sus reales, y el pueblo mismo, del que ellos creen ser antónimos cuando así se expresan..
‘Ciudadano’ viene del latín civis, mientras que civilis se refiere al conjunto de los ciudadanos, a la sociedad o a la vida política. Por tanto, no cabe hablar de ‘sociedad civil’, entendiendo por ella a otro conjunto de ciudadanos distintos de los que se pronuncian como tales.
Aunque la sociedad siempre se ha dividido en clases, no cabe hablar en los tiempos actuales de ‘sociedad civil’ si quien habla forma parte de la misma. La Constitución Española de 1978, cuya treinta aniversario acabamos de celebrar, expresa claramente en su artículo 1 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”, y en su artículo 14 proclama que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Es decir, no debemos, aunque sí podamos, hablar con arrogancia de los demás, como si nosotros no formáramos parte de la sociedad misma; como si del poder del pueblo, del que emana la soberanía nacional, nacieren distintas clases sociales, afortunadamente abolidas desde la Revolución Francesa o por nuestra propia Constitución.
Aun hoy, en numerosos medios informativos, los ministriles servidores de la opinión pública continúan hablando o escribiendo que a determinado acto asistieron “autoridades políticas, militares y religiosas”, como si la única autoridad no fuere la civil, la que emana del pueblo, y el resto fueren simplemente estamentos sociales. La autoridad en una empresa se ejerce solamente en la misma, bien por delegación o elección de los accionistas; pero no cabe decir que sea una autoridad civil, como no lo son los militares, sino escala de mando (desde el capitán general hasta el cabo) ni los eclesiásticos, sino jerarquías (desde el Papa hasta el cura párroco). Cabría preguntarse, pues, si quienes apelan a la ‘sociedad civil’ están llamando a una rebelión a estos tres estamentos sociales, tan presentes en el antiguo régimen, en los que se sustentó para su propia supervivencia.
Ya en la Atenas de Pericles, la sociedad se dividía en tres clases: los ciudadanos (120.000), los esclavos (300.000) y los extranjeros, o inmigrantes (80.000), sin contabilizar a las mujeres y a los niños, que quedaban excluidos de ellas.
En el Imperio Romano, había patricios, que eran los propietarios, o aristócratas, que podían acceder a las magistraturas (cónsul, cuestor, pretor…); los plebeyos, el resto de los ciudadanos, que no podían acceder a ninguna magistratura, excepto a tribuno o edil de la plebe, dos magistraturas que fueron arrancadas a los patricios tras las guerras entre éstos y los plebeyos. Finalmente, estaban los esclavos, que eran un simple instrumento de trabajo. A partir de entonces se establece el Senatus populusque Romanus (el Senado y el pueblo romano), que establece el equilibrio de poder en la República (de res publica, la cosa pública), que a todos compete y obliga.
La Edad Media divide la sociedad en tres clases estamentales: los oratores (monjes o clero), los bellatores (militares) y los laboratores (campesinos), porque los esclavos no eran considerados ni personas.
En la Edad Moderna conviven la nobleza, el clero, y la burguesía surgida al amparo de la Revolución Francesa de 1789, y los súbditos de la monarquía, la plebe, que deja de serlo para convertirse en ciudadanos gracias a la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” del mismo año y la posterior Constitución.
En la Edad Contemporánea, a la que dio paso la Revolución Francesa, la aristocracia no constituye ya un estamento privilegiado, porque la Constitución otorga a todos los mismos derechos y deberes.
Quizá quien mejor expresara el concepto de soberanía del pueblo como fundamento constitucional fue Abraham Lincoln quien, en su célebre arenga de Gettysburg, de 1863, dijo aquello del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Quién habla, pues, de la sociedad civil como si no formare parte de ella misma, o como si el poder que ésta le otorgare le hubiere elevado al Olimpo que ningún dios le signare para siempre… Quizá tendrían que volver a Hispania las legiones romanas, con su portaestandarte al frente y la leyenda Senatus populusque Romanus; es decir, todo para el pueblo, pero con el pueblo, para que algunos comprendieran que no son casta ni poder aparte sin él. Lo mismo que, afortunadamente, proclamó nuestra Constitución hace treinta años.
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