La eufemística “desvinculación anticipada” de 700 trabajadores con que Telefónica se despacha en pleno hervor de una crisis, cuyas primeras luces empiezan a ver la luz, aunque la oscuridad del túnel la impida ver aún lejos, deja perplejos a la gran mayoría de los españoles.
La modélica empresa, puesta como ejemplo de atención social a los trabajadores en los manuales de Sociología del franquismo, ha planteado prejubilar a partir de los 48 años a 500 trabajadores de los 4.500 que tiene en su filial de móviles y a 200 de los 1.200 empleados en su participada, Soluciones. El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que, según ha anunciado, estará en marcha antes de final de año, rebaja en cuatro años la cifra habitual de prejubilación de los 52, con que había operado la Compañía, pero con las mismas condiciones que aquéllos que se jubilaron a esa edad. La única condición es tener quince años de antigüedad en la empresa. Y añade que a quienes se jubilen a los 52 se les dará el 70 por ciento del salario regulador hasta los 61, y a quienes opten por retirarse a los 48, se les dará la misma cantidad total, aunque repartida desde esos años a los 61. Y, finalmente, para consuelo de tontos, afirma que ni el Estado ni la Seguridad Social correrán con gasto alguno durante este periodo.
No es que los prejubilados a los 52 de Telefónica, que han sido miles en la última década, se sientan ahora justamente discriminados. Es que al resto de los españoles, condenados a trabajar hasta los 65 para alcanzar la jubilación, y con una invitación expresa de retrasarla hasta los 70, con el eufemismo también de los incentivos que conllevaría, pero resguardándose del miedo a una posible quiebra de un sistema, que no tiene otra salida sino la de aumentar aún más la población activa que la pasiva, esta política que parece de ficción anticipada, pero tan real como la crisis misma, sencillamente les parece bochornosa.
Los sindicatos bendicen el plan como parte interesada y critican, hoy como ayer, que las prejubilaciones no son sinónimo en caso alguno de jubilaciones anticipadas.
Ya los sindicatos de banca criticaron abiertamente al ministro de Trabajo, el extremeño Celestino Corbacho, quien el 28 de agosto pasado se mostró “totalmente en contra” del uso generalizado de esas “jubilaciones anticipadas” y planteó a los agentes sociales una “reflexión” para encontrar un “amparo legal” a la limitación de las prejubilaciones para ajustar plantillas. Añadía en aquella ocasión Corbacho que “las jubilaciones anticipadas deben ser una excepción y no la regla”, porque “una sociedad que se quiera amparar sobre las espaldas de una generación entre los 30 y 50 años, más tarde o más temprano, es una sociedad que entra en crisis. Me parece injusto que el sector financiero prejubile a una persona con 52 años y un trabajador que está en el andamio tenga que estar trabajando hasta los 65”.
De nada vale que los sindicatos sostengan que las prejubilaciones en el sector financiero no han acarreado importantes gastos al desempleo y a la Seguridad Social o que hayan permitido contratos de relevo, fijos y a jornada completa, de trabajadores más jóvenes, al contrario que en otros sectores. De nada, tampoco, que se pretenda imponer una sociedad laboral joven por encima de otra en plena madurez productiva, “condenada” a tomar el sol hasta la muerte. Una sociedad de jóvenes para gobernar y alimentar a otra de maduros improductivos, cada día más, y a quienes la propia sociedad les hurta el concurso de su madurez, de la experiencia y de la reflexión. Cuando ni los jóvenes encuentran empleo ni los mayores de 45 lo hallan, aunque el INEM inste todo lo que desee “a la búsqueda activa” del mismo en la tarjeta blanca de la ignominia de un país desarrollado.
Ya un ex director del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) advertía hace unos meses sobre las dificultades de los mayores de 45 para encontrar trabajo. Ni falta hacía que lo dijera, porque es una obviedad.
A la espera de que la crisis escampe para los de siempre, pero no para quienes la produjeron; de la puesta al día del Pacto de Toledo que salve un sistema orgullo de España, EREs como el anunciado ayer por Telefónica constituyen una vergüenza para la dignidad de la mayoría de los trabajadores que no podrán disfrutar de la jubilación, y menos aún hasta los 70.. Pero, quién habla hoy de “trabajadores” si ni los sindicatos utilizan ya ese vocablo, que el franquismo sustituyó por el de “productores”, por la connotación izquierdista de aquél, y que aún subsiste en convenios heredados de la época, en contratos que hoy se firman, en la mentalidad de muchos afortunados que lo son, pero que parecen dejar la faena al vecino…, como ocurre en todas las empresas, como la vida misma.
La modélica empresa, puesta como ejemplo de atención social a los trabajadores en los manuales de Sociología del franquismo, ha planteado prejubilar a partir de los 48 años a 500 trabajadores de los 4.500 que tiene en su filial de móviles y a 200 de los 1.200 empleados en su participada, Soluciones. El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que, según ha anunciado, estará en marcha antes de final de año, rebaja en cuatro años la cifra habitual de prejubilación de los 52, con que había operado la Compañía, pero con las mismas condiciones que aquéllos que se jubilaron a esa edad. La única condición es tener quince años de antigüedad en la empresa. Y añade que a quienes se jubilen a los 52 se les dará el 70 por ciento del salario regulador hasta los 61, y a quienes opten por retirarse a los 48, se les dará la misma cantidad total, aunque repartida desde esos años a los 61. Y, finalmente, para consuelo de tontos, afirma que ni el Estado ni la Seguridad Social correrán con gasto alguno durante este periodo.
No es que los prejubilados a los 52 de Telefónica, que han sido miles en la última década, se sientan ahora justamente discriminados. Es que al resto de los españoles, condenados a trabajar hasta los 65 para alcanzar la jubilación, y con una invitación expresa de retrasarla hasta los 70, con el eufemismo también de los incentivos que conllevaría, pero resguardándose del miedo a una posible quiebra de un sistema, que no tiene otra salida sino la de aumentar aún más la población activa que la pasiva, esta política que parece de ficción anticipada, pero tan real como la crisis misma, sencillamente les parece bochornosa.
Los sindicatos bendicen el plan como parte interesada y critican, hoy como ayer, que las prejubilaciones no son sinónimo en caso alguno de jubilaciones anticipadas.
Ya los sindicatos de banca criticaron abiertamente al ministro de Trabajo, el extremeño Celestino Corbacho, quien el 28 de agosto pasado se mostró “totalmente en contra” del uso generalizado de esas “jubilaciones anticipadas” y planteó a los agentes sociales una “reflexión” para encontrar un “amparo legal” a la limitación de las prejubilaciones para ajustar plantillas. Añadía en aquella ocasión Corbacho que “las jubilaciones anticipadas deben ser una excepción y no la regla”, porque “una sociedad que se quiera amparar sobre las espaldas de una generación entre los 30 y 50 años, más tarde o más temprano, es una sociedad que entra en crisis. Me parece injusto que el sector financiero prejubile a una persona con 52 años y un trabajador que está en el andamio tenga que estar trabajando hasta los 65”.
De nada vale que los sindicatos sostengan que las prejubilaciones en el sector financiero no han acarreado importantes gastos al desempleo y a la Seguridad Social o que hayan permitido contratos de relevo, fijos y a jornada completa, de trabajadores más jóvenes, al contrario que en otros sectores. De nada, tampoco, que se pretenda imponer una sociedad laboral joven por encima de otra en plena madurez productiva, “condenada” a tomar el sol hasta la muerte. Una sociedad de jóvenes para gobernar y alimentar a otra de maduros improductivos, cada día más, y a quienes la propia sociedad les hurta el concurso de su madurez, de la experiencia y de la reflexión. Cuando ni los jóvenes encuentran empleo ni los mayores de 45 lo hallan, aunque el INEM inste todo lo que desee “a la búsqueda activa” del mismo en la tarjeta blanca de la ignominia de un país desarrollado.
Ya un ex director del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) advertía hace unos meses sobre las dificultades de los mayores de 45 para encontrar trabajo. Ni falta hacía que lo dijera, porque es una obviedad.
A la espera de que la crisis escampe para los de siempre, pero no para quienes la produjeron; de la puesta al día del Pacto de Toledo que salve un sistema orgullo de España, EREs como el anunciado ayer por Telefónica constituyen una vergüenza para la dignidad de la mayoría de los trabajadores que no podrán disfrutar de la jubilación, y menos aún hasta los 70.. Pero, quién habla hoy de “trabajadores” si ni los sindicatos utilizan ya ese vocablo, que el franquismo sustituyó por el de “productores”, por la connotación izquierdista de aquél, y que aún subsiste en convenios heredados de la época, en contratos que hoy se firman, en la mentalidad de muchos afortunados que lo son, pero que parecen dejar la faena al vecino…, como ocurre en todas las empresas, como la vida misma.
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