UN PLAN PARA ACABAR CON LA CRISIS

              Cada español no político tiene un plan para acabar con la crisis, como cada español no seleccionador de fútbol hubiere una selección ideal para ganar todos los campeonatos. Los españoles nos erguimos en seleccionadores de todo y de la nada, en revolucionarios capaces de acabar en la calle, a voces, con pancartas o a tiros, con la pléyade de políticos impresentables que, en lugar de apaciguar la vida, templar los ánimos y hacer posible el Estado del bienestar, se lo arrogan para sí, llevando al pozo del abismo a la llamada clase media que lo sostuviere.

              No basta con hacer propósitos de enmiendas, ni con declaraciones de transparencia, ni con hacer pública nuestras cuentas y pagos al fisco. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente para acabar con el tercer problema del país, tras el paro y los problemas económicos, según el barómetro del CIS de diciembre de 2012, por parte de quienes debieren dar el ejemplo que se les supusiere. Un país con más de un centenar de políticos de todo el arco parlamentario imputados por corrupción, que continúan ejerciendo la política como profesión y no como vocación, y cuyo censo de sospechosos aumenta cada día, no puede liderar, en modo alguno, la salida a una crisis, a costa de los que menos tienen, cuando ellos se llenan los bolsillos a pesar de los recortes que hacen a la mayoría. Los recortes no deben traspasar determinadas líneas rojas que ahoguen derechos fundamentales y consolidados en las últimas décadas y que ponen en peligro no solo el Estado del bienestar, sino la dignidad de la vida misma que hubieren por derecho constitucional todos los españoles. Ni pueden los políticos, por su propia dignidad que honra a una mayoría, pedir, como solicitaba hace unos días el ministro japonés de Finanzas a los ancianos de su país “a apurarse a morir” para resolver los problemas económicos, tanto como si aquí el ministro del ramo correspondiente hiciere la misma petición a los pensionistas para resolver el déficit creciente de la Seguridad Social.

              La drástica reducción del déficit impuesta a España por los organismos internacionales no pueden, de ninguna manera, acabar con el derecho universal a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, los pilares que sostienen las cuatro patas del Estado del bienestar, ni que los recortes caigan sobre los funcionarios que sirven con esmero al sistema.

              Ya en los albores de la democracia, un senador del Reino, que lo fuere durante muchos años, me reconocía que la citada institución constitucional no servía para nada si no se cambiaban sus funciones y reglamento. Seguimos igual, porque, aunque parezca que la Constitución sigue teniendo validez plena, son muchos los que urgen una reforma para redefinir la estructura del Estado, cada día más debilitado por quienes solicitan unas competencias exclusivas del propio Estado,  por la crisis, por la corrupción y el paro galopantes y por el mal ejemplo de muchos políticos que no asumen para sí los sacrificios que piden a los demás. Países europeos de larga tradición democrática, como Suecia, Dinamarca o Noruega carecen de Senado. Alemania censa un centenar de senadores y Estados Unidos, uno por cada estado federado de la Unión. Teóricos del Derecho Internacional y constitucionalistas lo ven como una cámara prescindible, innecesaria y en peligro de extinción. España tiene 260 senadores, cuya eliminación supondría un ahorro de 3.500 millones anuales.

              Hay otros recortes más importantes por hacer y que no se hacen: eliminar la pensión vitalicia de todos los diputados, senadores y padres de la patria; revisar, como ahora se está haciendo, los sueldos de alcaldes que se ponen a sí mismos el salario que les da la gana; obligar a devolver el dinero robado a las arcas públicas, además de penas de cárcel para los ladrones, en lugar de otorgar amnistía a delitos punibles; eliminar todos los coches oficiales; anular las tarjetas de crédito con que muchos pagan gastos particulares; dejar un solo diplomático y cónsul en cada país y, por supuesto, eliminar los de las comunidades autónomas, porque la representación exterior es competencia exclusiva del Estado; y, en fin, rebajar un 30 por ciento las transferencias a sindicatos, fundaciones y varios, con lo que se ahorrarían 45.000 millones de euros, y no haría falta tocar las pensiones ni bajar la inversión pública… Con estas medidas se habría terminado la crisis.

              No puede ser que haya recortes para una mayoría y dobles sueldo para una minoría; dinero para sanear la banca y no lo haya para quienes lo necesitan. La gente está harta; la marca España está bajo mínimos; las denuncias silenciosas se están haciendo oír; la gente grita en las calles. Nadie se calla ya porque el silencio nos ahoga, aunque algunos medios, oficiales y extraoficiales lo silencien, he aquí lo que la gente canta en la calle: 

En la Puerta del Sol (3 bises)

mamita mía,
Nadie se marcha, nadie se marcha.

Las gentes indignadas (3 bises)

Mamita mía,
qué bien te guardan, qué bien te guardan.

Los bancos y las cajas (3 bises)

Mamita mía,
nos han robado, nos han robado.
 
Y ahora nuestros derechos (3 bises)
Mamita mía,
Quieren quitarnos, quieren quitarnos.

Madrid, qué bien resistes (3 bises),
Mamita mía.
Tanto saqueo, tanto saqueo.
 

Con recortes aguantas,

Ciudadanía,
y el agua al cuello,
y el agua al cuello.

En la Puerta del Sol…