Senador Vicente Llanos*El Real Decreto-Ley de reforma del mercado laboral es una pieza del conjunto de medidas que ha impulsado el Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica y sentar las bases del crecimiento a corto plazo y en la perspectiva de mantener y mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar. El decreto ya está convalidado por el Congreso y ahora, en el trámite parlamentario, el texto está abierto a las propuestas de los grupos.
Las líneas generales de la norma son fruto de las intensas negociaciones que han desplegado el Gobierno y los agentes sociales a lo largo de los últimos meses. Este hecho ratifica que la apuesta por el diálogo social no ha resultado un esfuerzo vano y constata que la apuesta por el consenso entre patronal y sindicatos es un instrumento fundamental en nuestro sistema de relaciones laborales.
Diversas circunstancias han impedido que las conversaciones terminaran en un acuerdo. Los socialistas respetamos la ruptura y las posturas derivadas de ella; pero hay que decir que el Gobierno ha cumplido. Prueba de ello son los diversos documentos presentados a lo largo de 2009 y el del 12 de abril de 2010 y prueba de ello es que el Decreto de la reforma laboral recoge una parte fundamental de su último documento.
La propuesta del Gobierno es equilibrada, al tiempo que profunda, mantiene la cohesión social y el equilibrio económico y jurídico de las partes. Las medidas que contiene el decreto contribuyen a la reducción del desempleo, estimular la contratación indefinida, mejorar la productividad de la economía española e incrementar la flexibilidad interna de las empresas para que el despido sea una solución.
En suma, por una parte, introduce elementos que van a corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo mediante el establecimiento de condiciones para facilitar la contratación indefinida, la restricción a los abusos de la contratación temporal y el incremento en la protección de los trabajadores eventuales.
Además, el decreto apuesta por una mejora de la productividad basada en la cualificación, la innovación, la capacidad de adaptación a las demandas de los mercados y por eso incrementa la flexibilidad interna de las empresas para que éstas puedan ajustarse a las circunstancias y les otorga instrumentos que les permitirán adecuarse a los constantes cambios que exige la competencia.
Pero para que esta orientación sea efectiva no se pueden romper los elementos esenciales de una sociedad democrática y de derecho, como son la igualdad, la equidad y la salvaguarda de los derechos sociales básicos. Y es en este último aspecto donde se inscribe la reforma y es desde ese punto de vista desde el que los socialistas queremos potenciarla y desarrollarla.
Hasta aquí la tarea que ha llevado a cabo el Gobierno. Ahora es la hora del parlamentarismo. El decreto entra en una etapa en la que los grupos podrán realizar sus aportaciones. Una fase que, mediante las enmiendas, va a permitir conocer la postura de cada fuerza política ante esta reforma. Será la ocasión para que los partidos demuestren su compromiso y su responsabilidad con los ciudadanos a los que representan. Ha llegado la hora de que los partidos, también para el diletante PP, se retraten y se justifiquen.
--------------------------------------------------------------------------Las líneas generales de la norma son fruto de las intensas negociaciones que han desplegado el Gobierno y los agentes sociales a lo largo de los últimos meses. Este hecho ratifica que la apuesta por el diálogo social no ha resultado un esfuerzo vano y constata que la apuesta por el consenso entre patronal y sindicatos es un instrumento fundamental en nuestro sistema de relaciones laborales.
Diversas circunstancias han impedido que las conversaciones terminaran en un acuerdo. Los socialistas respetamos la ruptura y las posturas derivadas de ella; pero hay que decir que el Gobierno ha cumplido. Prueba de ello son los diversos documentos presentados a lo largo de 2009 y el del 12 de abril de 2010 y prueba de ello es que el Decreto de la reforma laboral recoge una parte fundamental de su último documento.
La propuesta del Gobierno es equilibrada, al tiempo que profunda, mantiene la cohesión social y el equilibrio económico y jurídico de las partes. Las medidas que contiene el decreto contribuyen a la reducción del desempleo, estimular la contratación indefinida, mejorar la productividad de la economía española e incrementar la flexibilidad interna de las empresas para que el despido sea una solución.
En suma, por una parte, introduce elementos que van a corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo mediante el establecimiento de condiciones para facilitar la contratación indefinida, la restricción a los abusos de la contratación temporal y el incremento en la protección de los trabajadores eventuales.
Además, el decreto apuesta por una mejora de la productividad basada en la cualificación, la innovación, la capacidad de adaptación a las demandas de los mercados y por eso incrementa la flexibilidad interna de las empresas para que éstas puedan ajustarse a las circunstancias y les otorga instrumentos que les permitirán adecuarse a los constantes cambios que exige la competencia.
Pero para que esta orientación sea efectiva no se pueden romper los elementos esenciales de una sociedad democrática y de derecho, como son la igualdad, la equidad y la salvaguarda de los derechos sociales básicos. Y es en este último aspecto donde se inscribe la reforma y es desde ese punto de vista desde el que los socialistas queremos potenciarla y desarrollarla.
Hasta aquí la tarea que ha llevado a cabo el Gobierno. Ahora es la hora del parlamentarismo. El decreto entra en una etapa en la que los grupos podrán realizar sus aportaciones. Una fase que, mediante las enmiendas, va a permitir conocer la postura de cada fuerza política ante esta reforma. Será la ocasión para que los partidos demuestren su compromiso y su responsabilidad con los ciudadanos a los que representan. Ha llegado la hora de que los partidos, también para el diletante PP, se retraten y se justifiquen.
* El autor es senador del PSOE por la provincia de Cáceres
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