El pasado 9 de octubre,
el ex presidente del Gobierno, Felipe González, afirmaba en La Sexta TV que “la
clase media es la que más está sufriendo la crisis “, para señalar a
continuación que “el Estado de bienestar es un sistema de redistribución de la
clase media”. El ex presidente apuntaba que se estaba produciendo un “desmantelamiento
del Estado de bienestar” y “al modificar el sistema de redistribución con
políticas de recortes, hemos activado una máquina de destrucción de la clase
media, que es el fundamento de la democracia”, sin que existiere razón alguna
para que sucediere.
Parece que la clase dirigente española ha olvidado, al
rebufo de la crisis, el artículo 40 de la Constitución, que afirma que “los
poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social
y económico y para una distribución de la renta regional y personal más
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica” y “de manera
especial realizarán una política orientada al pleno empleo”, en concordancia
con el artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo… y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo”.
Nada parece indicar que se cumplan los buenos deseos de
los constitucionalistas españoles, avalados en su día en referéndum por la inmensa
mayoría de los españoles (87,78 por ciento de los votantes), ni siquiera la
letra y el espíritu de la segunda reforma constitucional, de 27 de septiembre
de 2011, del artículo 135, que “persigue garantizar el principio de estabilidad
presupuestaria…, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar
la sostenibilidad económica y social”, derivado del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento de la zona euro.
Felipe González construyó la mesa que habría de
asentarse sobre los cuatro pilares del Estado de bienestar: en 1984 establece
por ley orgánica el derecho a la educación; en 1986 se aprueba la Ley General
de Sanidad, que confirma la asistencia sanitaria gratuita de altas prestaciones
e igual para todas las personas; en 1990 implanta las pensiones no
contributivas. En 2004, el ex presidente Rodríguez Zapatero profundiza en el
Estado de Bienestar con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia (la Ley de la Dependencia), el
cuarto pilar del Estado de bienestar, además de las políticas de igualdad y de
nuevos derechos sociales.
No parece que al partido en el Gobierno le guste mucho
el Estado de bienestar, porque ya ha metido mano en Sanidad, Educación y
Dependencia, y hasta en la hucha de las pensiones para hacer frente a los pagos
de prestaciones por desempleo. Crece el desempleo y el umbral de la pobreza;
los pensionistas financian la sanidad mediante el copago; obstaculiza el
desarrollo de la Ley de Dependencia; desmantela la educación publica y
deteriora la sanidad también pública. Restringen medicamentos, reducen camas,
no pagan a las farmacias, suprimen becas; echan a los interinos; los enfermos
son despedidos aun estando de baja; los funcionarios se quedan sin la paga de
Navidad, pero tendrán que cotizar por el
dinero que nunca perciban… Ya nos califican como “bono basura”. Todo va
quedando roto, destruido, difuminado, en el Estado de bienestar, y falta por
llegar el rescate, a no ser que el Presidente Rajoy espere a ver qué pasa el 25
de noviembre en Cataluña y termine por ahogarnos del todo, con rescate o sin
él.
Carme Molinero, profesora de Historia Contemporánea de
la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Centro de Estudios
Históricos sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID/UAB), afirma en su
ensayo “La política social del régimen franquista. Una asignatura pendiente de
la historiografía” , “en España no puede hablarse de Estado social hasta la
instauración del régimen democrático, dado que tal concepto conlleva –además de
un mayor volumen de prestaciones sociales— una voluntad redistributiva y una
aplicación universal, que no se dieron durante el franquismo”; sin embargo,
muchos empleados públicos y los entonces llamados “productores”, lamentan ahora
los “puntos” perdidos del Plus de Cargas Familiares de 1942, que tenían en
cuenta el matrimonio y el número de hijos del trabajador, y se preguntan ahora,
con el Estado de bienestar en la UCI, qué se ha hecho de él en los últimos
treinta y siete años, dado que lo que el pasado instauró como derechos, son hoy
fantasmas del mismo.
En 1976, los trabajadores españoles tenían cubiertas
las siguientes contingencias por parte del Estado: seguro de desempleo,
subsidio de vejez, invalidez permanente total, invalidez absoluta, gran
invalidez, discapacitados y disminuidos, subsidio de ancianidad, enfermedad
común no laboral, subsidio familiar, protección a las familias numerosas,
asistencia médica y hospitalaria, vacaciones retribuidas, descanso dominical y
días festivos, pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, pagas sobre beneficios, convenios colectivos,
representantes sindicales liberados, jurados de empresa, representación en
consejos de administración de las empresas… Si se pudieron hacer tantas mejoras
sociales con menos riqueza, cómo es que ahora, para poder subsistir sin que nos
intervengan, se recortan las mejoras sociales conquistadas aun antes de la
democracia.
El café para todos es lo que ha traído: del partido
único al pluripartidismo, del sindicato vertical a los sindicatos chupópteros;
de una radio y televisión únicas a decenas de ellos, que nadie ve ni oye;
aparatos partidistas como agencias de colocación; el fraude fiscal y la
corrupción bendecidas por el aparato, y una casta política capaz de arruinar al
país y su clase media con tal de salvarse a sí mismos y a los suyos. Hasta ahí
hemos llegado, aunque aquí nadie dimite ni por twitter, pese a que se pida por
todas las redes, porque “España –como dijere aquel otro—va bien.” ¿Para quién?
Será para los suyos, acaso.
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