Por primera vez, el
Consejo de Europa ha elegido a una mujer española nueva juez en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TDEH), con sede en Estrasburgo. Se trata de María Elósegui Itsaxo (San Sebastián, 1957),
catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, doctora en
Derecho y en Filosofía, y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación. La elegida es autora de once libros y más de cien artículos
relacionados con los Derechos Humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, que
le han valido el reconocimiento de la comunidad investigadora. La candidatura
de Elósegui se ha impuesto hoy por
los 114 votos necesarios a las de sus oponentes José Martín y Pérez de Nanclares (Nanclares de la Oca, 1965),
catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Salamanca y, desde 2012, jefe de la Asesoría Jurídica
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; y el
expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco
Pérez de los Cobos (Yecla, Murcia, 1962), catedrático del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Complutense, magistrado entre 2011 y 2017
y presidente del Tribunal Constitucional de España entre 2013-2017. Ambos
lograron 76 y 37 votos, respectivamente. Los jueces del Tribunal son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años.
Además de ser la primera mujer española magistrada en
Estrasburgo, el nombramiento de Elósegui
es noticia porque de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres, y porque
sucede en el cargo al juez Luis López
Guerra (León, 1947), licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la
Complutense, catedrático de Derecho Constitucional en la misma universidad, y
magistrado hasta ahora en el TEDH, propuesto durante el mandato del presidente Zapatero desde 2007. Además, López Guerra fue diputado en la
Asamblea de Madrid (2003-2004) y secretario de Estado de Justicia (2004-2007).
Su candidatura expiró en enero del pasado año al cumplir los 70 en noviembre.
López Guerra es
conocido, de otro lado, en la Universidad de Extremadura por varias razones: llegó
a Cáceres como profesor agregado de Derecho Constitucional en 1978 y fue
nombrado catedrático de su especialidad en 1981 durante su estancia en ella,
donde permaneció hasta 1995. Además, fue candidato a rector de la Uex con 34
años, en las segundas elecciones celebradas para el máximo cargo universitario
para suceder al Dr. Chordi Corbo, doctor en Medicina y catedrático de
Microbiología, elegido primer rector en 1977, cargo que desempeño hasta 1981.
El primer rector electo de Extremadura había desarrollado antes su labor
académica en la Universidades de Navarra, La Laguna, Sevilla, Extremadura y, finalmente,
en la de Salamanca.
El profesor y juez López
Guerra saltó a la luz pública española el día 21 de octubre de 2013 al no
suscribir ninguno de los tres votos discrepantes emitidos por siete de sus
colegas, que tumbó la conocida como doctrina
Parot --nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida,
a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 28 de febrero de
2006, en resolución de un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA, por la cual
la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada
una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de
permanencia en prisión que, según el derogado Código Penal de 1973, era de 30
años--. Esta doctrina fue modificada solo parcialmente por el Tribunal
Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal. En 2013, la Gran Sala del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente en un recurso
presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo
vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por
tanto, consideraba ilegal la detención de la penada Inés del Río Prada, miembro de ETA, condenada a 2.700 años de
cárcel, y que después de 18 años de prisión, tenía que haber sido puesta en
libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios
establecidos en el Código Penal de 1973 (redención de penas de hasta 12 años
por trabajo o por estudios). Al día siguiente de la sentencia del TEDH, la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió por unanimidad la puesta en
libertad inmediata de la miembro de ETA, que salió el día 22 de octubre de la
cárcel de Teixeiro (La Coruña). En enero de 2014 habían sido puestos en
libertad sobre la base de esta derogación un total de 63 miembros de ETA, a los
que habría que añadir nueve más de otras organizaciones. El juez del TDDH
siempre votó a favor de la demandante, aunque podría haberse abstenido al ser
un recurso proveniente de su país.
López Guerra,
conocido como el magistrado del PSOE en el TEDH, nombró a Pilar Blanco Morales-Limones (Llerena, Badajoz, 1958), catedrática
de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Extremadura, directora
general de los Registros y del Notariado (2004-2009) cuando él fuere secretario
de Estado de Justicia entre 2004-2007. Como es sabido, la profesora Blanco Morales-Limones, fue diputada en
la Asamblea de Extremadura (1999-2004), consejera de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Extremadura presidida por Fernández Vara desde el 8 de
junio de 2015 y vicepresidenta desde el pasado 30 de octubre.
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Bibliografía
consultada: El País, de 23/01/01; Félix Pinero: López Guerra, una aspiración frustrada al Rectorado de la Uex (http:/felixpineroradiointerior.blogspt.com,
de 22 de octubre de 2013); y Wikipedia.
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