martes, 23 de enero de 2018

UNA JUEZ ESPAÑOLA SUSTITUYE A LÓPEZ GUERRA EN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO


           Por primera vez, el Consejo de Europa ha elegido a una mujer española nueva juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH), con sede en Estrasburgo. Se trata de María Elósegui Itsaxo (San Sebastián, 1957), catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, doctora en Derecho y en Filosofía, y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. La elegida es autora de once libros y más de cien artículos relacionados con los Derechos Humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, que le han valido el reconocimiento de la comunidad investigadora. La candidatura de Elósegui se ha impuesto hoy por los 114 votos necesarios a las de sus oponentes José Martín y Pérez de Nanclares (Nanclares de la Oca, 1965), catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca y, desde 2012, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; y el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos (Yecla, Murcia, 1962), catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Complutense, magistrado entre 2011 y 2017 y presidente del Tribunal Constitucional de España entre 2013-2017. Ambos lograron 76 y 37 votos, respectivamente. Los jueces del Tribunal  son elegidos por un solo periodo  renovable de nueve años.

            Además de ser la primera mujer española magistrada en Estrasburgo, el nombramiento de Elósegui es noticia porque de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres, y porque sucede en el cargo al juez Luis López Guerra (León, 1947), licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Complutense, catedrático de Derecho Constitucional en la misma universidad, y magistrado hasta ahora en el TEDH, propuesto durante el mandato del presidente Zapatero desde 2007. Además, López Guerra fue diputado en la Asamblea de Madrid (2003-2004) y secretario de Estado de Justicia (2004-2007). Su candidatura expiró en enero del pasado año al cumplir los 70 en noviembre.

            López Guerra es conocido, de otro lado, en la Universidad de Extremadura por varias razones: llegó a Cáceres como profesor agregado de Derecho Constitucional en 1978 y fue nombrado catedrático de su especialidad en 1981 durante su estancia en ella, donde permaneció hasta 1995. Además, fue candidato a rector de la Uex  con  34 años, en las segundas elecciones celebradas para el máximo cargo universitario para suceder al Dr. Chordi Corbo,  doctor en Medicina y catedrático de Microbiología, elegido primer rector en 1977, cargo que desempeño hasta 1981. El primer rector electo de Extremadura había desarrollado antes su labor académica en la Universidades de Navarra, La Laguna, Sevilla, Extremadura y, finalmente, en la de Salamanca.

            El profesor y juez López Guerra saltó a la luz pública española el día 21 de octubre de 2013 al no suscribir ninguno de los tres votos discrepantes emitidos por siete de sus colegas, que tumbó la conocida como doctrina Parot --nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 28 de febrero de 2006, en resolución de un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA, por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el derogado Código Penal de 1973, era de 30 años--. Esta doctrina fue modificada solo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal. En 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, consideraba ilegal la detención de la penada Inés del Río Prada, miembro de ETA, condenada a 2.700 años de cárcel, y que después de 18 años de prisión, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973 (redención de penas de hasta 12 años por trabajo o por estudios). Al día siguiente de la sentencia del TEDH, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió por unanimidad la puesta en libertad inmediata de la miembro de ETA, que salió el día 22 de octubre de la cárcel de Teixeiro (La Coruña). En enero de 2014 habían sido puestos en libertad sobre la base de esta derogación un total de 63 miembros de ETA, a los que habría que añadir nueve más de otras organizaciones. El juez del TDDH siempre votó a favor de la demandante, aunque podría haberse abstenido al ser un recurso proveniente de su país.

            López Guerra, conocido como el magistrado del PSOE en el TEDH, nombró a Pilar Blanco Morales-Limones (Llerena, Badajoz, 1958), catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Extremadura, directora general de los Registros y del Notariado (2004-2009) cuando él fuere secretario de Estado de Justicia entre 2004-2007. Como es sabido, la profesora Blanco Morales-Limones, fue diputada en la Asamblea de Extremadura (1999-2004), consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura presidida por Fernández Vara  desde el 8 de junio de 2015 y vicepresidenta desde el pasado 30 de octubre.
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Bibliografía consultada: El País, de 23/01/01; Félix Pinero: López Guerra, una aspiración frustrada al Rectorado de la Uex (http:/felixpineroradiointerior.blogspt.com, de 22 de octubre de 2013); y Wikipedia.

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