El noveno mes del año parece hecho desde siempre para aprobar la asignatura pendiente: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TC); la financiación local y autonómica; los pactos de Estado y extremeños anunciados (reforma del Estatuto, educación, financiación local, agrario, reforma del sector financiero)… Todo lo pendiente puede aprobarse en septiembre, aunque no conviniere más de lo preciso “dejar para mañana lo que puedas hacer hoy”, porque puede que sea tarde.
A partir de septiembre pueden sentarse en España las bases del próximo cuarto de siglo; pero, para ello, lejos de recular ante la crisis, habríamos de hacerlo al inicio de la transición, con el consenso como bandera y con una renuncia de máximos para un pacto de mínimos y de medios, como en los Pactos de la Moncloa.
Ni España ni Extremadura pueden permitirse el lujo de no aprobar sus asignaturas pendientes. Más aún en tiempo de crisis, que requieren un esfuerzo de generosidad ante el futuro y la atención a los más débiles.
Los parados, las mujeres y los jóvenes que aspiran a su primer empleo, a consolidar tras él sus derechos constitucionales, como una vivienda digna, que no lastre su vida in aeternum; a formar una familia, aspiración que muchas parejas no pueden cumplir…, no deben esperar un eterno aprobado septembrino que daría al traste con las mejores ilusiones y capacidades de sus vidas.
Los resultados de las elecciones generales y las recientes renovaciones de los partidos políticos a nivel nacional, regional y provincial, deben constituir un revulsivo para encarar el futuro con realismo, pero sin perder la esperanza.
Septiembre no debe constituir, en ningún caso, un tránsito de remedios caseros para tapar las heridas abiertas, más graves en las clases humildes que para otras que no necesitaren ni suturas ni bajas forzadas por la situación.
No basta recurrir como excusa a peores crisis superadas en el pasado; ni atrincherarse, unos u otros, en mejores tiempos habidos, ni en la situación heredada ni sobrevenida por otros factores ajenos a la política interior del país o de la comunidad autónoma.
En tiempos de crisis, sobran las palabras y son necesarios los hechos. El pacto debe anteponerse a la recriminación; la penitencia, al olvido; el trabajo a la indolencia; la perseverancia en el trabajo a un maná que no puede venirnos del cielo, sino de la tierra donde habitamos.
No es tiempo ya para censuras ni reproches recíprocos. “A grandes males, grandes remedios.” Sólo el trabajo puede redimirnos de los excesos en tiempos de bonanza; pero tampoco es admisible que aquéllos los paguen siempre los mismos; que el cinturón de los más no encuentre ya agujeros para cerrar sus propias hebillas.
Los políticos no pueden ejercitarse, a partir de septiembre, en venteos de palabras de las que no saldrá grano alguno, sobre todo para quienes lo necesitan. La política se diseña y ejecuta para solucionar los problemas que preocupan a los ciudadanos. Y ésta es, hoy, más necesaria que nunca.
Ni el futuro del Estado, ni el futuro de Extremadura, admiten más directrices que no sean las marcadas en la Constitución, las que fija nuestro Estatuto, o el nuevo que se elabora, para los próximos veinticinco años.
La solidaridad interterritorial debe ser el eje fundamental sobre el que pivote el futuro. Si todos queremos marchar hacia él en el mismo autobús, no puede, ni debe haber distintas velocidades de crucero para unos y otros, porque España, en Europa y en el mundo, son nuestra única meta, y nunca un sudoku por cuadrar permanentemente, a costa de unos y en beneficio de otros.
A partir de septiembre pueden sentarse en España las bases del próximo cuarto de siglo; pero, para ello, lejos de recular ante la crisis, habríamos de hacerlo al inicio de la transición, con el consenso como bandera y con una renuncia de máximos para un pacto de mínimos y de medios, como en los Pactos de la Moncloa.
Ni España ni Extremadura pueden permitirse el lujo de no aprobar sus asignaturas pendientes. Más aún en tiempo de crisis, que requieren un esfuerzo de generosidad ante el futuro y la atención a los más débiles.
Los parados, las mujeres y los jóvenes que aspiran a su primer empleo, a consolidar tras él sus derechos constitucionales, como una vivienda digna, que no lastre su vida in aeternum; a formar una familia, aspiración que muchas parejas no pueden cumplir…, no deben esperar un eterno aprobado septembrino que daría al traste con las mejores ilusiones y capacidades de sus vidas.
Los resultados de las elecciones generales y las recientes renovaciones de los partidos políticos a nivel nacional, regional y provincial, deben constituir un revulsivo para encarar el futuro con realismo, pero sin perder la esperanza.
Septiembre no debe constituir, en ningún caso, un tránsito de remedios caseros para tapar las heridas abiertas, más graves en las clases humildes que para otras que no necesitaren ni suturas ni bajas forzadas por la situación.
No basta recurrir como excusa a peores crisis superadas en el pasado; ni atrincherarse, unos u otros, en mejores tiempos habidos, ni en la situación heredada ni sobrevenida por otros factores ajenos a la política interior del país o de la comunidad autónoma.
En tiempos de crisis, sobran las palabras y son necesarios los hechos. El pacto debe anteponerse a la recriminación; la penitencia, al olvido; el trabajo a la indolencia; la perseverancia en el trabajo a un maná que no puede venirnos del cielo, sino de la tierra donde habitamos.
No es tiempo ya para censuras ni reproches recíprocos. “A grandes males, grandes remedios.” Sólo el trabajo puede redimirnos de los excesos en tiempos de bonanza; pero tampoco es admisible que aquéllos los paguen siempre los mismos; que el cinturón de los más no encuentre ya agujeros para cerrar sus propias hebillas.
Los políticos no pueden ejercitarse, a partir de septiembre, en venteos de palabras de las que no saldrá grano alguno, sobre todo para quienes lo necesitan. La política se diseña y ejecuta para solucionar los problemas que preocupan a los ciudadanos. Y ésta es, hoy, más necesaria que nunca.
Ni el futuro del Estado, ni el futuro de Extremadura, admiten más directrices que no sean las marcadas en la Constitución, las que fija nuestro Estatuto, o el nuevo que se elabora, para los próximos veinticinco años.
La solidaridad interterritorial debe ser el eje fundamental sobre el que pivote el futuro. Si todos queremos marchar hacia él en el mismo autobús, no puede, ni debe haber distintas velocidades de crucero para unos y otros, porque España, en Europa y en el mundo, son nuestra única meta, y nunca un sudoku por cuadrar permanentemente, a costa de unos y en beneficio de otros.
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