LA CONSTITUCIÓN, NORTE Y GUÍA

          

Fachada de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres,
hoy Día de la Constitución, sin banderas en los mástiles.

 

             El Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) treinta y cuatro años después de la aprobación de la Carta Magna muestra la insatisfacción de la mitad de los españoles con la Constitución y la falta de respeto hacia ella. El pesimismo social derivado de la crisis y el clima de división política que se cierne sobre el cielo de nuestro presente y futuro nos presenta hoy una Constitución descafeinada, en tanto en cuanto la clase política que fue capaz de llegar al consenso sobre el texto constitucional, se ve incapaz hoy de cumplirla, y de hacerla cumplir por todos, empezando por sí mismos.

 

              Un texto que nos ha servido como norte y guía durante treinta y cuatro años, que nos devolvió la libertad perdida durante cuarenta; derechos y libertades jamás conocidos por toda una generación, y que hoy se ven amenazados por la crisis, no pueden ser reconocidos como insatisfactorios si no fuere porque muchas de las medidas de reformas y recortes que las autoridades llevan a cabo rozan derechos constitucionales que creíamos consolidados. De ahí la insatisfacción de los españoles no tanto con la Constitución, que permanece  nítidamente inalterable en sus objetivos, sino en la extrapolación que los políticos hacen de sus principios.

 

           La Constitución de 1978 devolvió a los españoles la libertad, el derecho a elegir a sus representantes y su destino libremente, en el marco de una España unida, aun plural, y en el contexto posterior de una Europa solidaria. La Constitución es el marco preciso para una convivencia, en el cual tienen cabida respuestas a todas las demandas y respuestas a los problemas que pudieran suscitarse, incluida la reforma precisa en el momento oportuno por los cauces que en ella se determinan. No es, pues, un corsé inamovible, sino una guía de presente y futuro, que requiere el respeto de todos, porque es garantía de la libertad, de la convivencia en paz y de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando determinadas medidas políticas rozan la inconstitucionalidad se rompe el principio único que aboca a la insatisfacción y a la falta de respeto hacia ella.

           Cuando hablamos de esto último, no podemos dejar de pasar por alto la falta de respeto a la bandera nacional en muchos edificios públicos, incumpliendo así la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas. Y esto no es algo que ocurra solo en unas cuantas comunidades españolas, renuentes a colocarlas en el lugar preeminente entre las demás. El artículo 3 de la citada ley dispone que la bandera española deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración Central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado.

            Pues bien, hay un edificio público en Cáceres, con tres mástiles a su entrada, que incumple este precepto, que emana de la Constitución, cuando reconoce que expresa los valores reconocidos en ella: el edificio de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, junto a la estación de ferrocarril, en cuyos mástiles exteriores no ondean las banderas, y ni siquiera conocieren sus mandos, en la anterior legislatura, el lugar preeminente que debiere ocupar la nacional, porque la situaban a la izquierda de las restantes, incumpliendo de este modo el artículo 6.2 de la misma ley: “Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño” y “cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición central”. El concejal jefe de la Policía Local en la anterior legislatura, Carlos Jurado, pudo corregir, a mi observación, tamaño desaguisado; pero los días pasan y ninguna bandera ondea en los tres mástiles de la Jefatura desde hace tiempo. Si ellos no respetan la Constitución y las leyes, cómo van a lograr que los ciudadanos lo hagan. Cuando Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución de Cádiz en 1820 lo hizo con el siguiente juramento: “Marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional.” Es nuestro camino y guía.