LA CUESTIÓN CATALANA: UN SUJETO POLÍTICO Y JURÍDICO...

           La declaración soberanista de Cataluña, que Mas y Junqueras esperan aprobar el día 23 en el Parlamento catalán, y que proyecta un país independiente dentro de Europa, además de suponer una clara ruptura con el orden constitucional español,  se enfrenta también a la UE, cuyos portavoces ya han dicho que no pueden asumir legalmente una comunidad escindida de un país miembro.

 

              Las reacciones de expertos constitucionalistas coinciden en que la declaración de CIU y ERC no tiene reconocimiento por parte del actual marco jurídico, ni encaje en la Constitución Española. Catedráticos como Artemi Rallo, de Constitucional en la Universidad Jaume I,  sostiene que la condición de Estado no se obtiene con  la autoproclamación, sino con un reconocimiento de terceros, que no se da en este caso. Luis Aguiar, catedrático de Constitucional en la Universidad Carlos III, dice que la afirmación nacionalista parte de un error de base: “El pueblo catalán no puede adoptar ninguna fórmula jurídica, porque jurídicamente no existe como tal.” La mayoría considera, en fin, como un intento de su voluntad política ante los ciudadanos, sin consecuencias (véase web de la SER del 11-1-2013).    

 

              La declaración aprobada por CIU y ERC no prevé hoja de ruta ni acciones concretas, sino que se limita a plasmar una reivindicación, sin establecer calendarios ni dar órdenes para ejecutar acciones, y amplía, por lo demás, resoluciones a favor del derecho de autodeterminación, ya aprobadas por el Parlamento anteriormente en el sentido de la posibilidad de crear un Estado propio.

 

              Por lo demás, la Declaración del bipartito catalán se abre con “declarar la soberanía del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico, iniciando el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir como plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos y hacer efectiva la voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo”. 

 

              Aunque los partidos proponentes de la Declaración cuentan solo con sus votos para sacarla adelante, el Gobierno ya ha advertido que “no puede negociar sobre la Constitución”. El PSC apuesta por el “derecho a decidir”, pero no por la independencia. PP se opone rotundamente, al considerar el texto “ilegal” y “antidemocrático”. “Si el debate se centra en el derecho a decidir, no habrá salida”, dijo ayer sábado Rubalcaba ante el Comité Federal del PSOE.

 

              El “derecho a decidir” nos retrotrae al “ámbito vasco de decisión” que defendía Ibarretxe, quien propugnaba la “libre asociación” entre el País Vasco y España, la soberanía compartida y el derecho de autodeterminación, y que ofertaba como una tercera vía entre las posturas constitucionalistas del PP y el PSE-EE-PSOE y el independentismo de EH y la organización terrorista. Pasado el primer trámite en el Parlamento vasco, el lehendakari se presentó ante el Congreso de los Diputados de la nación para defenderla el 1 de febrero de 2005, y logró una clamorosa derrota: 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, Coalición Canaria y Chunta Aragonesista); 29 a favor (PNV, EA, Nafarroa Bai, CIU, ERC y BNG) y  2 abstenciones (IU-V). El rechazo del Congreso llevó al lehendakari a convocar elecciones el 17 de abril de 2005, como si se tratase de una consulta plebiscitaria.

 

              Ya el pasado 2 de octubre de 2012, los independentistas catalanes presentaban en la Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley en la que solicitaban la restitución de los derechos históricos de Cataluña y su soberanía nacional, la derogación del decreto de Nueva Planta de 1715 y la creación de una comisión Gobierno-Generalitat para negociar las repercusiones pertinentes. El resultado de la votación fue de 37 votos en contra (PP, PSOE y UP y D) y 4 a favor (ERC, CIU y PNV). 

 

              Un diputado español del PP, digno sucesor de su antecesor del mismo nombre, que fuere ministro de la Gobernación en el último gobierno de la Regencia de Espartero y ministro de Gracia y Justicia durante el reinado de Isabel II, Pedro Gómez de la Serna, diputado popular por Soria, pronunció un impecable discurso en el que echó para atrás los débiles argumentos catalanistas, y que pasó inadvertido por las manifestaciones de aquellos días y porque TVE no dio referencia alguna en sus informativos. Argumentó el diputado lo insólito de pedir lo que no está vigente (los decretos de Nueva Planta); señaló que la propuesta llegaba a la Cámara con 300 años de retraso, lo que resultaba una tomadura de pelo. Sobre la supuesta soberanía de Cataluña suprimida por Felipe V, recalcó que Cataluña nunca fue soberana; subrayó que Cataluña nunca existió como nación o Estado, porque en 1700 no existía el concepto de nación. En 1700, Cataluña era un Principado con instituciones propias, pero integrado en la Corona de Aragón. En cuanto a la nueva planta, un historiador poco sospechoso y solvente como Vicens Vives decía que fue un desescombro que obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir y Ferrán Soldevilla dice que, gracias a la nueva planta, comenzó el resurgimiento de una Cataluña agotada y deprimida. Está claro que aquello no fue una guerra de secesión, sino de sucesión, y el mayor apoyo del candidato de la Casa de Austria fue el Almirante de Castilla, no un catalán. Cuando Felipe V se casa en la catedral de Barcelona se produce una eclosión de panegíricos de poetas catalanes como Joan Bac o Ramón Costa a favor del rey. Gómez de la Serna sostuvo como “afirmación absolutamente inconcebible” la incorporación de Cataluña mediante el derecho de conquista y, sobre el derecho de autodeterminación, afirmó que Cataluña nunca fue soberana, “tampoco ahora lo es, no es sujeto de derecho internacional, ni de poder constituyente”, ni lo hubiere. Finalmente, sobre el manido asunto del expolio, recordaba que no son los territorios los que tributan, sino las personas. Como dijere Rodríguez Ibarra hace años, “tener dos lenguas no significa tener dos bocas para comer más”. Y a Mas, político de ideología liberal y nacionalista, como a Durán i Lleida, democristiano de ideología conservadora, parece habérseles ido de las manos su “senda soberanista”. “La verdad, señorías, es que al margen de la ideología de cada cual, después de escuchar los disparates que hemos escuchado hoy aquí, a uno no le extraña que el 51 por ciento de los catalanes se abstuviera en el referéndum del Estatuto y que el 5 por ciento votara en blanco.” Así iniciaba su discurso Gómez de la Serna el 2 de octubre. Y no hay “ámbito vasco ni catalán” de decisión alguno, porque  “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado” (artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978).