La capital de España fue un clamor en la mañana de ayer sábado, 11 de abril, en protesta por la
voluntad gubernamental de transferir a los registradores de la Propiedad y
Mercantiles sus funciones y por el
mantenimiento del Registro Civil como servicio público universal
y gratuito, mantenido por la Administración de Justicia. Asociaciones
profesionales de la Justicia, funcionarios, la Asociación Libre de Abogados, la
Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid, sindicatos, Jueces
para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, partidos políticos y
colectivos de izquierda, han apoyado la manifestación. La posible privatización
cuenta con la oposición de todos los partidos políticos, salvo el PP.
El Registro Civil es público en España desde 1871 y su
privatización supondría la pérdida de más de 8.000 oficinas (de 8.120
actualmente, se pasaría a poco más de 100). El Registro es un servicio público
que afecta a más de un millón de personas anualmente en trámites obligatorios
como nacimientos, matrimonios y defunciones. Su privatización supondría el pago
por muchos trámites hoy gratuitos, y otros que serían de pago y que ahora no lo
son, además de poner en peligro 5.100 empleos de la Administración de Justicia
para favorecer a los registradores. Esto significaría pagar una tasa entre 300 y
500 euros por acogerse a derechos constitucionales, hasta hoy gratuitos, como
el matrimonio, o 150 por cambiarse los apellidos, además de mercantilizar los
datos profesionales de los ciudadanos.
El sindicato CC OO ha promovido una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que permita modificar la Ley 18/2014 --cuya entrada
en vigor está prevista para el 15 de julio--, para que el Registro se mantenga
como servicio público. Los registradores se posicionan en contra del modelo.
Aunque formalmente son funcionarios públicos, contratan a su personal, tributan
por IVA y cobran por servicios... El proyecto de Ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro
Civil, ahora en fase de tramitación, se limitaba en principio a regular el
registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales. Rajoy, registrador de profesión, y el
actual ministro de Justicia, Rafael
Catalá, desean utilizarla para modificar sustancialmente la Ley del
Registro Civil (Ley 20/2011), aprobada por consenso, mediante vía de enmienda.
El presidente ha sido acusado de intentar privilegiar al grupo profesional al
que pertenece él mismo y dos de sus hermanos, uno de ellos con ejercicio en
Cáceres, a quien se le atribuye la autoría de la
reforma, según se afirma en el blog registrocivildetodos.blogspot.com.es, en su calidad de asesor de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. Catalá
se remite a la negociación con las partes interesadas y defiende que la reforma
contempla el Registro como un servicio público y gratuito, algo que nadie se cree.
Catalá está haciendo bueno a Gallardón, confiesan los colectivos
afectados. Ya el ex ministro de Justicia había encomendado a los registradores la gestión de los
expedientes de nacionalidad, para desatascarlos, que ya tenían encomendada
desde 2012, sin que recibieran cantidad alguna del erario público, pero por la
que ha han percibido cuatro millones de euros (a los sefardíes le cobraron 75
euros por la nacionalidad).
Ruiz Gallardón,
más conocido como el "ministro del tasazo", elevó por ley las tasas
judiciales entre 50 y 750 euros, con el objetivo de frenar la saturación de los
juzgados y pagar la justicia gratuita y solucionar, de otro lado, conflictos
que podrían solucionarse por otras vías. El "tasazo" retrotrajo la
gratuidad de la Justicia al siglo XIX, al limitar su acceso a ella a los
ciudadanos con ingresos medios o bajos, con subidas en el ámbito de segunda
instancia para reducir la dilación
temporal de los procedimientos y aliviar la carga de trabajo de los órganos
judiciales. La realidad es que las apelaciones en civil y contenciosos subieron
500 euros y las casaciones de los mismos procedimientos, de 600 a 1.200. En la
jurisdicción social, los casos de súplica y casación, gratuitos hasta entonces,
tuvieron una subida entre 500 y 700
euros. El 23 de septiembre de 2014 presentaba su dimisión tras el anuncio del
presidente del Gobierno de retirar su propuesta de ley del aborto por él
apadrinada.
Qué decir del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria,
aprobado en agosto de 2014 por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor
el 15 de julio próximo, que permite a los notarios celebrar los matrimonios
civiles, además de por la Iglesia, los ayuntamientos y los registros civiles.
"Nihil prius fide" (nada antes que la fe, es el lema notarial), solo
que esta fe hay que pagarla. Nada digamos si un investigador va a preguntar
unos datos que necesita para su investigación y difusión. El silencio
administrativo y personal será la única respuesta y fe que reciba por ello. Así
vamos, tras 144 años, como los cangrejos, andando de lado..., pero siempre
pagando. Y aquí no hay clases: todos iguales, pero sin igualdad ante la ley por
motivos económicos.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario