OFENDER A ESPAÑA

           El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado el último viernes por el Consejo de Ministros, ya calificado por la oposición como "ley mordaza" -al pretender cortar de raíz la libertad de expresión antes que el propio delito--, ha sorprendido, más que todo el aparato de sanciones que conlleva, en un intento de garantizar y mejorar la seguridad ciudadana, por una figura controvertida por encima de todas: las ofensas a España. No saldrá gratis ofender a la nación. Según el anteproyecto, "las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos, cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito", podrán ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros. Quemar una bandera, portar pancartas o gritar consignas vejatorias entrarían en ese supuesto si no son constitutivas de delito. Y quién fija los límites a los supuestos sancionadores previstos en la ley y el propio delito. ¿Es el Estado, el Código Penal o los intérpretes de la ley? Porque más bien parece que es el Estado, el que, deseando preservar la seguridad ciudadana, de un lado, amordaza la propia libertad ciudadana, de otro. Y no puede darse una ley que mate la libertad misma de derechos humanos y constitucionales tradicionalmente reconocidos.

           El artículo 543 del Código Penal, capítulo VI (De los ultrajes a España),  dice que los ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, sus Comunidades Autónomas o sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses; pero, para ello, han de concurrir dos requisitos: la publicidad y el inequívoco desprecio al símbolo en cuestión. Sin embargo, muchos juristas consideran que, en este terreno, se produce una colisión frontal con el derecho a la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución), garante no solo de esa libertad, sino de la propia ideológica, que para algunos podría constituir la opción de la quema de la bandera; es decir, no valdría, pues, como argumento único: yo expreso mis ideas por este medio; pero usted, con ese acto, ultraja a la nación, ofende a España, nuestra patria, y eso no puede salirle gratis.

              El anteproyecto de ley parece cambiar el papel de los actores, adjudicándose el Estado una potestad sancionadora que anula la libertad de expresión y el derecho del intérprete de la ley a decidir qué fuere delito o no, según las circunstancias en que se produjere, o las consecuencias que se derivaren de aquellos.

              Partidos políticos, asociaciones judiciales y organizaciones representativas de policías y guardias civiles han mostrado su oposición al borrador de una norma que sustituirá a la conocida "ley Corcuera", de 1992, conocida como la de "la ley de la patada en la puerta". Así, Jueces para la Democracia ha calificado el anteproyecto como de "enfoque autoritario", mientras que la de Francisco de Vitoria dice que "criminaliza administrativamente la libertad de expresión y reunión de los ciudadanos".

              ¿Quién ofende más a España?: quienes se escandalizan porque las chicas de Femem muestren sus pechos en señal de protesta contra la ley del aborto, que en modo alguno perturban gravemente el orden en el Congreso, como reconociere el titular del juzgado número 6 de Madrid, o los políticos y sindicalistas corruptos, los empresarios que evaden dinero a paraísos fiscales, quienes engañan al fisco, los que hacen de la corrupción su propia bandera, quienes predican una cosa y hacen la contraria, los que matan la esperanza de poder vivir en la patria que les viere nacer, o los que desprecian la propia unidad nacional con el presunto "derecho a decidir" que anulare el de los otros..., o quienes, representantes del poder delegado del Estado, eluden pronunciar, en su jura o promesa --que les otorgare la plena capacidad del mandato dado- la lealtad al Rey, como antes se la dieren al Jefe del Estado, por "imperativo legal", que creare Herri Batasuna en los ochenta, y que han convertido el Congreso y las cámaras legislativas en un circo, que sería tanto como decir, en una boda, que se desea contraer matrimonio "por imperativo legal", en lugar del "sí, quiero", obligado. ¿Y quién le dice eso a usted: la novia, el juez, el concejal...?, si no hubiere obligación alguna; pero si no jura ni promete lealtad al Rey, ¿a quién se la a va a dar: a sus electores, quizá? ¡Faltaría más...!

              Hemos pasado de utilizar "las tetas como arma" de protesta política a las multas como coacción de las libertades ciudadanas. No estamos aquí en Letonia, donde dos españoles fueron detenidos y encarcelados en 2007 durante dos semanas, por descolgar unas banderas que pretendían "llevarse como recuerdo". Pagaron con creces el robo y ultraje a la bandera letona. Ni estamos en Melbourne para que nos toquen el himno de Riego, donde en la jornada inaugural de la final de la Copa Davis entre España y Australia de 2003, el trompetista local James Morrison comenzó a tocar el himno de Riego, republicano, que obligó al embajador español a solicitar a los jugadores que se retiraran de la pista; a los organizadores a pedir perdón por el "lamentable error", y a formar de nuevo, antes de comenzar el partido, para escuchar la interpretación de la Marcha Real. En un acto celebrado en el Congreso de la nación, en junio de 2008, en homenaje a un grupo de represaliados durante la dictadura, el presidente de la Cámara, José Bono, hubo de reprender a uno de los asistentes por enarbolar una bandera republicana, porque "no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento". Si los soldados juran o prometen "guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes y, si fuera preciso, entregar vuestra vida en defensa de España", no parece que, en nuestro país, hagamos paralelas, ni con la mano en el corazón, la jura o promesa realizada ante nuestra bandera, con la realidad ni "de iure" que se constata en la realidad. Y una cosa son las libertades fundamentales, pero otra, también, la ofensa a nuestros símbolos. Y hasta ahí podríamos llegar, parece decir con "su ley" el ministro Fernández Díaz...